El Congreso presentó un predictamen que propone ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, ante la proximidad del vencimiento del actual proceso en 2025.
La medida, elaborada por las comisiones de Energía y Minas e Inclusión Social, consolida cuatro proyectos de ley y busca evitar que pequeños productores y mineros artesanales queden fuera del proceso formal, con posibles impactos sociales y económicos.
El documento plantea modificar el Decreto Legislativo N.º 1293 y propone la suspensión de exclusiones del registro y la reincorporación de mineros previamente retirados, como una salida transitoria mientras se construye un marco legal definitivo. Los proyectos coinciden en que la ampliación permitirá dar continuidad a la formalización, aunque reconocen que se requieren reformas más profundas.
El análisis legislativo advierte que solo el 7% de los mineros inscritos opera en concesiones propias, mientras el 93% depende de contratos con terceros, lo que limita su avance en la formalización. El Ejecutivo también ha reconocido esta traba estructural, señalando que la falta de acuerdos con los concesionarios ha convertido al Reinfo en un mecanismo temporal sin sostenibilidad a largo plazo.
Durante una mesa técnica, gremios mineros pidieron simplificar procesos y brindar acompañamiento técnico, mientras que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) alertaron que las prórrogas perpetúan un sistema ineficaz.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente respaldaron la necesidad de mantener el proceso, aunque con mayores controles y objetivos medibles, mientras la Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió sobre los riesgos ambientales de una extensión sin fiscalización.
El predictamen se sustenta en los principios constitucionales del derecho al trabajo y la libertad de empresa, y plantea una prórroga excepcional y transitoria para evitar una crisis social en las zonas mineras.
El texto ordena al Ejecutivo adecuar el reglamento del Reinfo en un plazo de 90 días, mientras se avanza hacia la creación de una Ley MAPE que establezca reglas definitivas para la minería artesanal y de pequeña escala en el país.
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