La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este lunes el dictamen que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 60 días en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
El dictamen fue respaldado por 20 votos a favor, 5 en contra y una abstención, quedando habilitado para continuar con el procedimiento legislativo.
La propuesta fue sustentada por Arturo Alegría García (Fuerza Popular), presidente del grupo de trabajo, quien sostuvo que el documento es “exhaustivo, técnico y responsable”.
Seguridad ciudadana y criminalidad organizada
Alegría detalló que el dictamen recomienda otorgar facultades en 48 de las 58 submaterias solicitadas, equivalente al 83 % del pedido del Ejecutivo. En seguridad ciudadana y criminalidad, el Gobierno había solicitado 26 submaterias, de las cuales se propone aprobar 23.
“Se ha puesto énfasis en medidas de impacto inmediato para combatir la grave crisis de inseguridad, caracterizada por delitos como extorsión y sicariato”, señaló el congresista.
El presidente de la comisión citó cifras de la Policía Nacional del Perú, indicando que las extorsiones pasaron de 3 872 denuncias en 2019 a más de 22 000 en 2024, lo que evidencia una expansión delictiva que supera la capacidad de respuesta del Estado.
Alegría agregó que la criminalidad muestra alta capacidad de adaptación, uso de tecnología, infiltración territorial y logística operativa, por lo que se requieren respuestas normativas integrales en inteligencia, control de armas, gestión migratoria y fortalecimiento institucional.
Facultades para crecimiento económico responsable
En materia económica, la comisión aprobó 17 de las 24 submaterias solicitadas por el Ejecutivo. Estas apuntan a consolidar las fortalezas macro fiscales, mejorar la recaudación tributaria y reducir el incumplimiento tributario, además de apoyar el crecimiento económico responsable.
Alegría destacó medidas orientadas a promover la inversión, como:
- Facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas para proyectos.
- Optimizar los programas bajo asociaciones público-privadas y proyectos de activos.
- Impulsar la inversión privada en bienes públicos del patrimonio cultural, dentro del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
“Este predictamen evidencia que el Parlamento puede actuar con firmeza política y técnica incluso en un contexto de transición gubernamental y emergencia nacional”, afirmó.
