La Corte Suprema ratificó la autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones de la excongresista Luciana León en el marco de una investigación que la Fiscalía lleva a cabo por el presunto tráfico de influencias en perjuicio del Estado.
La decisión fue tomada porque la Sala Permanente consideró “infundado” el recurso de apelación que presentó León para anular una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 21 de noviembre de 2004, la cual aceptó el pedido fiscal de acceso a datos correspondientes al historial telefónico entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
León sostenía que no había suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de lícito penal o sea vinculada con la investigación.
El tribunal supremo argumentó que la medida es pertinente, ya que la investigación versa sobre un delito concreto, usa dos teléfonos que la exparlamentaria tenía a su disposición por su rol en el Congreso, y se solicita información específica vinculada a llamadas, ubicación, tiempos, personas implicadas, en un lapso razonable.
“La información que se pidió comprende un ámbito mayor a lo obtenido por el deslacrado de un teléfono, solo obtenible por la información de las empresas de telefonía; y, el cumplimiento del juicio de idoneidad no se circunscribe únicamente a un teléfono, comprende los dos. No es del caso discriminar solo a un teléfono, cuando dos son que se utilizaban. Por consiguiente, los motivos de apelación no pueden prosperar”, señala la sala presidida por el juez Supremo César San Martín.
Como se recuerda, la exlegisladora es investigada por presuntamente haber invocado o evidenciado tener influencias reales o simuladas, ofreciendo interceder ante funcionarios y/o servidores públicos a favor de terceras personas.
Además de este caso, León también está siendo investigada por su presunta relación con la organización criminal “Los Intocables Ediles de La Victoria”.
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