El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que favorece a procesados o condenados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo.
El objetivo del recurso es declarar la norma inaplicable por vulnerar derechos fundamentales y compromisos internacionales del Perú.
La demanda, presentada el 12 de septiembre, impugna la Ley 32419, que fue promulgada por el Ejecutivo en agosto pasado tras su aprobación en el Congreso.
De acuerdo con el documento presentado por la Defensoría del Pueblo al que tuvo acceso Canal N, la ley de amnistía vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, además de afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
La demanda se sustenta en el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
Según el sistema interamericano de derechos humanos, la norma constituye un retroceso en el acceso a la justicia y fomenta la impunidad.
Si permanece vigente, la ley de amnistía favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
El texto aprobado establece que los jueces no podrán inaplicar la norma, incluso en investigaciones por crímenes graves. Según familiares de víctimas, como las del caso La Cantuta, esto podría implicar una denegación de justicia.
Por ello, las familias advirtieron que, si el pleno del Tribunal Constitucional no logra los cinco votos necesarios, la norma permanecería vigente y su cumplimiento sería obligatorio.
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