La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que el presidente de la República, José Jerí, mantiene al menos cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Así lo indicó durante una conferencia de prensa en la que participó el medio Ideeleradio, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre los casos.

“Con relación a los casos del actual presidente, José Jerí, sí ciertamente hay, si mal no recuerdo, 5 casos en su contra en la Fiscalía”, declaró Espinoza.

Entre las investigaciones mencionadas se encuentra una por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, originada a partir de una pesquisa anterior —ya archivada— por una presunta violación sexual.

De acuerdo con la información difundida, el mandatario no habría cumplido una orden del Juzgado Civil de Canta para seguir un tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, vinculada al caso inicial.

“El tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad está en otra Fiscalía Suprema, porque son parte de los delitos comunes. Me parece que lo tiene la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que actualmente está encabezada por Patricia Benavides”, precisó la titular del Ministerio Público.

Según Ideeleradio, las demás investigaciones contra Jerí estarían relacionadas con un presunto desbalance patrimonial —tras pasar de S/97 000 a más de S/1 millón en tres años—, su desempeño como presidente de la Comisión de Presupuesto y su presunta participación en el caso El fiscal y la cúpula, que involucra a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

En este último, se le vincula a una presunta red de legisladores que habrían negociado votos a cambio de favores políticos.

El exfiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó también la existencia de al menos una investigación pendiente contra el mandatario, aunque aclaró que no pueden adoptarse medidas coercitivas debido a su actual investidura.

Sobre el caso de violación sexual archivado, Espinoza sostuvo que este “podría reabrirse” si surgen “nuevos elementos de prueba”.

En tanto, Gálvez defendió su decisión de archivar el proceso, al sostener que “no se encontró prueba alguna idónea para sustentar una incriminación penal en su contra”.

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