La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, defendió su gestión ante la Comisión Permanente del Congreso, criticando la segunda denuncia constitucional (563 y 618) presentada por Kira Alcarraz y José Cueto, que finalmente prosperó y la Comisión Permanente la inhabilitó por 10 años.
Como se recuerda, Delia Espinoza abrió una investigación contra 11 congresistas debido a que los legisladores aprobaron una doble remuneración como parlamentarios y pensiones exmilitares.
Calificó a las acciones constitucionales como parte de una “persecución política” en su contra, y acusó al Congreso de actuar con despotismo y decisiones personales, sin argumentos jurídicos, configurando una “dictadura congresal”.
“Si bien tienen la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y juicio político, reitero que tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo”, aseveró Espinoza ante la Comisión Permanente.
Delia Espinoza señaló que la norma benefició a un grupo reducido de congresistas y terceros, ignorando la miseria de muchos pensionistas peruanos, y reiteró que solo cumplió su labor fiscalizadora.
El informe final, sustentado por Jorge Montoya, imputa a Espinoza delitos de abuso de autoridad y prevaricato por vulnerar el artículo 93 constitucional, que protege opiniones y votos legislativos. Se le acusa de extralimitación al perseguir actos parlamentarios como la aprobación de dictamen sobre pensiones en FF.AA. y PNP, menoscabando la independencia de poderes.
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