La Fiscalía de la Nación solicitó a la Comisión Permanente del Congreso anular la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que declaró improcedente la denuncia constitucional presentada contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido fue formulado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a través de un escrito dirigido a la Comisión Permanente. Según el documento, al que accedió El Comercio, la decisión de la SAC presenta diversos vicios que van desde la participación de congresistas impedidos de integrar dicha instancia hasta excesos en el análisis legal que transgreden el Reglamento del Parlamento.
La solicitud plantea que se declare la nulidad de todo el procedimiento desarrollado en la Subcomisión y que, en consecuencia, se disponga la admisión a trámite de la Denuncia Constitucional N.° 550-2021-2026, vinculada a Arce Córdova.
La denuncia constitucional fue presentada por la Fiscalía en enero de este año, señalando que existían indicios de enriquecimiento ilícito durante la trayectoria del exmagistrado como juez superior, fiscal supremo y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se habrían producido entre 2009 y 2019. Según una primera pericia, Arce Córdova habría incrementado su patrimonio en S/1’393,302.20, aunque documentación adicional elevaría la cifra hasta S/2’464,224.44.
No obstante, el 11 de julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida entonces por la congresista María Acuña (Alianza Para el Progreso), declaró improcedente la denuncia con 13 votos a favor.
El informe de calificación aprobado sostuvo que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el literal “c” del artículo 89 del Reglamento del Congreso, al no acreditarse el “nexo funcional” entre el cargo desempeñado por Arce y el incremento patrimonial detectado.
Asimismo, el documento concluyó que no se había demostrado la existencia de “dolo específico” para configurar el delito de enriquecimiento ilícito. También descalificó la pericia presentada por la Fiscalía al considerarla “deficiente” y señaló que la imputación vulneraba el principio de presunción de inocencia.
El informe aún debe ser elevado a la Comisión Permanente, instancia a la que la Fiscalía de la Nación ha dirigido su solicitud de nulidad.
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