A los precandidatos a la plancha presidencial de Podemos Perú no les falta casi ningún cuestionamiento. El fundador de la agrupación política, José Luna Gálvez, enfrenta un pedido de prisión por más de veinte años. En la misma línea, su hijo también es acusado por presunta organización criminal.
Continúan en la lista investigados, denunciados y hasta demandados por pensión de alimentos.
En familia
José Luna Gálvez –actual congresista– y su hijo, José Luis Luna Morales, reúnen los más gravosos antecedentes a nivel judicial.
El primero es precandidato a la presidencia, el segundo, su eventual reemplazante. Ambos comparten una carrera política, pedidos de prisión en su contra y hasta detenciones.
El Caso ONPE, antes “Los Gánsters de la Política”, está a punto de entrar a fase de control de acusación. Allí, el juez Jorge Chávez Tamariz decidirá si el proceso avanza a juicio oral. Las audiencias se iniciarán el 19 de diciembre a las 9:00 a.m.
Para la Fiscalía, el caso es sólido. La acusación alcanza a 19 personas naturales y a dos jurídicas. Estos últimos son el propio partido político y la universidad privada Telesup, ligada a los Luna Gálvez.
“La organización criminal operó, desde el 2014, con la finalidad de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú)”, según la hipótesis fiscal.
El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3).
La investigación se inició en el 2016 y es de tal envergadura que está dividida en tres fases. Las dos primeras: la aparente injerencia en la elección del jefe de la ONPE –Adolfo Castillo–, a través de presuntas dádivas a los entonces integrantes del CNM -provenientes de Telesup-; y el “copamiento” de la ONPE, con personas afines a Luna Gálvez.
Finalmente, “a través de procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE facilitaron la inscripción del partido político”.
Consecuencias
Por este caso, Luna Gálvez enfrenta 22 años y ocho meses de prisión, mientras que su hijo, una pena de 16 años y cuatro meses.
Ambos son sindicados de presunta organización criminal y cohecho activo específico. También se busca imponer una multa de S/ 2 775 000 a Telesup, y otra de S/ 1 337 500 a Podemos Perú.
El 7 noviembre del 2020, se ordenó una detención preliminar en contra del actual congresista por diez días. Sin embargo, esto le fue notificado en una clínica local, en la que permanecía internado desde el 22 de octubre de ese año debido a un “cuadro de arritmia”.
Una situación similar vivió Luna Morales. El exlegislador, quien ocupó un escaño en 2020 y 2021, fue detenido durante una entrevista en vivo, en las instalaciones de RPP, en octubre de 2022.
La intervención se produjo luego que el Poder Judicial dictara prisión preventiva en su contra por 34 meses. En aquel entonces, el exlegislador era el virtual regidor de la Municipalidad de Lima por Podemos Perú, cargo que finalmente no pudo ejercer.
Hay más
Como vicepresidente y segundo vicepresidente, en la única plancha presidencial por la que podrán optar los afiliados de Podemos, figuran Cecilia García y Raúl Noblecilla, respectivamente.
García fue congresista por dicha agrupación (2020-2021). Antes de obtener una curul, en el año 2015, impulsó la polémica campaña “Chapa tu choro”.
Esto último le valió dos denuncias por presunta agresión, según reportó Punto Final. Estas se suscitaron en 2015 y 2016 y, por ello, habría optado por cambiar irregularmente de número de DNI.
Así, García Rodríguez figuró con el DNI 42806594 al postular a la alcaldía de Huancayo en el 2018, pero en su candidatura al Parlamento con Podemos registró el DNI 49017178, de acuerdo al reporte periodístico.
“Al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona”, respondió en aquel entonces.
Noblecilla, en tanto, representa a Betssy Chávez en un juicio oral por presunta rebelión. Su paso, a lo largo del proceso, ha sido accidentado.
Por ello, tras ser sindicado de una “conducta temeraria”, la sala integrada por los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero acordaron expulsarlo por seis audiencias y suspenderlo, por dos meses para ejercer la profesión.
Junto a Chávez Chino, es investigado por presunta falsedad genérica e ideológica. Se les atribuye presentar, en juicio oral, un certificado médico que la Clínica Chorrillos negó haber emitido. Es decir, el documento sería falso.
Otros casos
Como reemplazantes de García Rodríguez y Noblecilla Olaechea figuran Yessica Apaza Quispe y Roger Nájar Kokally, respectivamente.
Ambos fueron congresistas por Unión por el Perú (UPP). UPP fue conocido por sus acercamientos con el Partido Etnocacerista, cuyo máximo representante es Antauro Humala, y el Frente Patriótico.
Un audio difundido en la prensa colocó bajo la lupa la gestión parlamentaria de Apaza.
En mayo de 2020, se filtró una comunicación entre sus colegas José Alejandro Vega Antonio y Héctor Maquera Chávez. Allí habrían dialogado sobre cómo dirigirían sus votos para elegir a la próxima titular en la Comisión de Energía y Minas.
Además, en diciembre del 2020, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 concluyó que vulneró la neutralidad electoral al lucir una bufanda con vistosos logos de su partido en una sesión del pleno.
Roger Nájar Kokally tiene un amplio historial en la izquierda peruana. Tras su paso por el Parlamento con UPP, ingresó a las filas del partido Perú Libertario en el 2017. La agrupación cambiaría de nombre a Perú Libre. Tres años después, postuló con el grupo perulibrista al Parlamento.
Sin embargo, fue excluido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Nájar no consignó una demanda fundada de alimentos. El excongresista fue demandado por una joven de 22 años que tenía una hija cuyo padre era Nájar. Lo polémico es que la concibió cuando la mujer tenía apenas 14 años, de acuerdo a los informes periodísticos. Es decir, era menor de edad.
Este 26 de enero del 2021, la mujer de 34 años declaró, en una carta dirigida a la ONPE, que las obligaciones de su padre con ella se habían extinguido y que la sentencia se ejecutó en su integridad. Según reportes periodísticos, la madre de la señorita declaró que Nájar le había pedido abortar.
