Tras la mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y gremios de transportistas, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la creación de una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) dedicada a combatir la extorsión en un plazo no mayor a 15 días.
En el mismo plazo, el Congreso impulsará una iniciativa para crear un grupo interinstitucional, integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, enfocado específicamente en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
El Ejecutivo se comprometió a destinar el presupuesto necesario para la implementación de estas unidades, incluyendo la creación de fiscalías especializadas en bandas criminales y el establecimiento de nuevas unidades de flagrancia.
Por su parte, el Poder Legislativo se encargará de realizar precisiones inmediatas a la Ley de Criminalidad Sistemática y priorizará el debate de medidas urgentes contra la inseguridad.
En un esfuerzo por agilizar la aplicación de las leyes, el Ejecutivo también se comprometió a reglamentar todas las leyes pendientes relacionadas con la seguridad ciudadana en 15 días hábiles, solicitando al Congreso la exoneración de los plazos de prepublicación y análisis.
Finalmente, el Ministerio Público presentará una iniciativa legislativa para ampliar el plazo de flagrancia y establecer una detención preliminar de 15 días aplicable a los delitos de sicariato y extorsión.
La próxima reunión de seguimiento con los transportistas está programada para el jueves 16 de octubre en el Congreso.
Exclusión de dirigentes del transporte
Más temprano el congresista Eduardo Salhuana criticó la organización de la reunión sobre seguridad ciudadana convocada por el gobierno de Dina Boluarte en Palacio ante la ola de violencia y extorsiones, lamentando la exclusión de varios dirigentes representativos del sector transporte.
A su llegada, Eduardo Salhuana señaló a Canal N que estos líderes gremiales, que han participado activamente en la aprobación de cerca de 24 leyes contra la criminalidad; sin embargó, cuestionó el hecho de que no hayan sido autorizados para ingresar a la reunión, permitiéndose la entrada únicamente a Martín Ojeda.
A decir del legislador, esta limitación en la lista de invitados “resta legitimidad” a cualquier acuerdo que se pueda alcanzar en el encuentro.
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