El hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acumuló 12 investigaciones fiscales en su paso por el Ministerio del Interior, en el que fue designado por la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Jesus Saucedo@photo.gec )
El hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acumuló 12 investigaciones fiscales en su paso por el Ministerio del Interior, en el que fue designado por la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Jesus Saucedo@photo.gec )

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, negó de manera reiterada su voz en un audio incriminatorio y no acudió a la audiencia de toma de muestra de su voz, solicitada por el Ministerio Público (MP) en febrero pasado.

Pese a esta actitud, un peritaje de la Fiscalía establece “con alta probabilidad” que la voz del interlocutor del Capitán de la Policía, Junior Izquierdo (“Culebra”), en un diálogo donde se habla de hechos que configurarían delitos, pertenece al también extitular del Interior.

Los resultados del peritaje, revelados el domingo por Cuarto Poder, representan un avance en las investigaciones del MP y, en el plano político, desdibujan la permanencia de Santiváñez al frente del Ministerio de Justicia y lo convierten en un lastre para el gobierno de Dina Boluarte.

Avance. Los abogados penalistas César Nakasaki, Romy Chang y Julio Rodríguez, consultados por Correo, señalan que este peritaje es un avance en las investigaciones contra el alto funcionario del Gobierno, que hoy goza de la protección del antejuicio en su calidad de ministro de Estado.

Señalaron que, tal como anunció ayer Santiváñez desde Suiza, se puede presentar un peritaje de parte para contrastar los resultados de la evaluación de la Fiscalía.

En el plano político, según el analista y extitular del Interior, Carlos Basombrío, tras la revelación la caída del titular de Justicia habría sido inmediata, pero en vista de que forma parte de un gobierno que goza de 3% de aprobación “no le pasará nada”.

Aunque para el congresista Roberto Chiabra (APP) la permanencia del ministro pone en riesgo la estabilidad del Gobierno, Basombrío señaló que es improbable que el Congreso pueda censurar al controvertido integrante del gabinete de Eduardo Arana.

El audio. En el audio del diálogo registrado en un chifa en mayo de 2024 entre Izquierdo y su interlocutor (presuntamente Santiváñez), este afirma que cuando consideró como ministra del Interior la presidenta Boluarte le pidió desactivar la Diviac.

Dicha división policial y la Fiscalía participaron en el allanamiento del domicilio de la mandataria, realizado el 29 de marzo del año pasado en el marco de las investigaciones por el Caso Rolex.

Igualmente se menciona que el vehículo presidencial (Cofre) habría sido utilizado para la huida del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, y de una llamada a Santiváñez del comandante general de la Policía, Gral. Víctor Zanabria, advirtiéndole del allanamiento a su residencia.

El audio de esta conversación fue entregado al MP que inició una investigación contra el entonces ministro del Interior y hoy titular de Justicia.

Tras conocerse el peritaje de la Fiscalía, Santiváñez, anunciado desde Suiza, mediante un comunicado, que su defensa legal impugnará dicho informe porque su contenido se contradice con las supuestas conclusiones en donde “no se puede acreditar” que es su voz.

Adelantó que presentarán un peritaje de parte que “desestimará” las supuestas conclusiones del informe del MP.

TUMBAS. Según Carlos Basombrío el peritaje del MP confirma lo que ya todos sabíamos y lo que Santiváñez siempre va a negar y para lo cual buscará una coartada.

“Hay tres cosas muy graves que salen de allí y la más grave; que la presidenta de la República está involucrada, y dicho por un ministro que estuvo en una reunión donde se discutió el tema, en la protección de una persona que evade la justicia, el señor Cerrón”, expresó.

En su opinión se trata de “un delito de extrema gravedad”, que en un “país normal” sería intolerable y tendría las consecuencias que la Constitución permite.

Señaló que otro hecho grave es que la mandataria, por venganza, haya ordenado sacar de la Policía a efectivos competentes.

Añadió que también es grave que el comandante de la PNP haya advertido a Santiváñez del allanamiento de su casa.

“Las tres situaciones son de una gravedad importante. Si viviéramos en un país ´normal´caería de inmediato el ministro Santiváñez. El Congreso no creo que vaya hacer nada, no lo va a censurar, esa es mi percepción y a un Gobierno con 3% de aprobación ya no le importa nada ya un Congreso con 4% o 5% de aprobación tampoco”, añadió.

ESLABÓN. Para el penalista César Nakasaki, las investigaciones contra altos funcionarios públicos se trabajan con pruebas indicarias, eslabones que van formando una cadena. Añadió, que hasta dónde llega este eslabón depende de cada caso.

Consideró que el hecho de que tres peritos de la Fiscalía hayan determinado que la voz del audio es del actual ministro de Justicia, fortalece un eslabón más, que va a depender de otras pruebas que acumula el MP.

“No podemos decir que la grabación es la pieza que faltaba; es parte de un rompecabezas bastante complejo, ya que cualquier denuncia que haga la Fiscalía la va a neutralizar el Congreso”, dijo.

Precisó que lo que se ha probado es que la “conversación es verdadera” y que por tratarse de un audio de dos horas, la Fiscalía debe diferenciar qué hechos tienen relevancia penal y, además, buscar pruebas.

“Si no hay prueba que ponga en el mismo lugar a la presidenta ya Vladimir Cerrón, no van a tener caso (Cofre)”, precisó Nakasaki.

DELITOS. Para la penalista Romy Chang, la confirmación de que es la voz de Santiváñez, sí podría generarle complicaciones, porque estaría evidenciando la posible comisión de delitos.

“Dichas conversaciones revelarían que él está interfiriendo con la justicia y eso mínimamente se llama tráfico de influencias e incluso corrupción de funcionarios, porque como dice el dicho ´no hay lonche gratis´”, afirmó.

Desde su punto de vista este peritaje marca una diferencia a nivel probatorio respecto a la fuerza que pueda tener la Fiscalía en su imputación a todos los involucrados, incluyendo a Dina Boluarte, aunque en su caso se tendría que esperar que termine su mandato.

NO CONCLUYENTE. A su turno, el penalista Julio Rodríguez, expresó que el peritaje no es concluyente. “No dice que la voz corresponde al actual ministro, dice que hay mucha probabilidad de que así lo sea”, dijo al precisar que en el derecho penal no cuenta solo una probabilidad, sino se debe tener un grado de certeza.

Dijo que el peritaje es contundente para las investigaciones, pero no para encontrar responsables.

Manifestó que es complicado que con el peritaje se puedan determinar los presuntos delitos, pero puede ayudar al MP a tipificar los mismos.

Mientras tanto, el ministro de Justicia continúa su gira en Ginebra (Suiza) hasta el jueves 11 gracias al permiso que le amplia el Poder Judicial en vista que enfrenta un impedimento de salida del país de 18 meses.