El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha expresado su interés, por la remoción de los Equipos Especiales (EE) al interior del Ministerio Público (MP). “Tienen que dejar de existir, pero eso dependerá de la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Los fiscales van a seguir con sus casos solo que no habrá equipos especiales”, declaró el 29 de septiembre desde el Congreso. Según indicó, algunos de ellos han generado “politización” y “criterios de persecución”.
Fuentes de la Fiscalía, mientras tanto, señalaron a Correo que el informe técnico solicitado por Gálvez para presentar su propuesta ante la JFS aún no ha sido culminado.
Bajo fuego
Gálvez Villegas también fue consultado sobre el Equipo Especial Lava Jato que tiene como integrantes a fiscales como José Domingo Pérez, sobre quien descartó su remoción. “Él tiene que continuar, sacarlo en este momento significaría entorpecer un juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora (Susana) Villarán”, sostuvo.
Pérez Gómez, sin embargo, acumula más de una observación a su labor como funcionario público. El Equipo Especial Lava Jato es el que concentra la mayor cantidad de críticas desde su creación en diciembre de 2016, durante la gestión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
El equipo Lava Jato está cargo de las investigaciones vinculadas a los actos de corrupción de constructoras nacionales y extranjeras, entre ellas, la brasileña Odebrecht. En agosto del 2017, se ampliaron sus competencias para incorporar casos de lavado de activos; y en junio de 2019, lo mismo en relación a casos de delitos tributarios.
El exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, ha sostenido a la Fiscalía que su primer fiscal coordinador, Hamilton Castro, renunció al cargo tras interferencias del periodista de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti. Por esta y otras aparentes coordinaciones irregulares, tanto el hombre de prensa como Vela y Pérez son investigados por el fiscal Alcides Chinchay.
En febrero de 2025, se informó vía conferencia de prensa la obtención de 65 sentencias condenatorias. Sin embargo, se precisó que muchas de ellas están “referidas, principalmente, a procesos de colaboración eficaz”. Es decir, casos en los que los procesados aceptaron culpabilidad y ofrecieron información a cambio de beneficios.
Más críticas
Del conjunto de casos emblemáticos de Lava Jato, a nueve años de su formación, se tiene el registro de cuatro condenas. Estas son del Caso Interoceánica Sur (Tramo 1 y 2), Caso Ecoteva, Caso Aportes al Partido Nacionalista; y el Caso Línea 1 del Metro de Lima. Muchas otras ni siquiera inician la fase del juicio oral (ver Infografía) y otras, en tanto, registran hasta seis devoluciones de acusación, según ha reconocido el propio José Domingo Pérez.
Dicha situación ocurrió en el Caso “Cócteles”, con la excandidata presidencial Keiko Fujimori como principal procesada. El proceso pende de un hilo tras la anulación del juicio oral en enero de este año. La decisión se adoptó tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que falló a favor del procesado José Chlimper y ordenó apartarlo del caso al concluirse una vulneración al principio de legalidad. Dicha instancia tiene pendiente resolver un hábeas corpus de la defensa de Fujimori. Esta alega que los hechos imputados no constituían delito en el momento en el que habrían sido cometidos.
En la actualidad, Pérez ha denunciado “hostigamiento laboral” por parte de Gálvez Villegas debido a los comentarios de este último. Indicó, incluso, que “perturban” la labor fiscal. En junio de 2023, Pérez aspiró a ser juez, sin embargo, no aprobó el examen ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El funcionario lleva casi diez años al frente del Caso Cócteles.
Otros equipos
Una mención aparte merecen otros tres equipos especiales, aunque sin muchos logros visibles a largo plazo. El Equipo Especial Cuellos Blancos se creó en agosto del 2018, en la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación. Investiga los actos de corrupción entre el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y altos funcionarios del Poder Judicial, tras la difusión de audios incriminatorios. Aún continúan los peritajes sobre este material.
La denominada “carpeta madre” del proceso se encuentra sometida a control de acusación, en el Poder Judicial, desde el 31 de marzo de 2025. Esta alcanza a 46 personas por 113 presuntos hechos delictivos. En la gestión de Patricia Benavides, por otro lado, se reportaron interferencias.
A la fecha, la Fiscalía investiga un presunto intercambio de favores entre la exfuncionaria y el abogado José Luis Castillo Alva, para quien se habría removido a fiscales de dicho equipo fiscal con una investigación en su contra.
En julio de 2022 y febrero de 2023 se crearon el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, y el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), respectivamente. Ambos forjados durante la gestión de Patricia Benavides. En el segundo caso, fue luego de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero del 2023, al iniciar la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
A marzo de 2025, el Eficcop investigaba a 517 personas, naturales y jurídicas, por presuntos actos de corrupción “desde las altas esferas del Estado”. Hay 36 casos complejos bajo su cargo.
En diciembre de 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó la integración del personal fiscal y administrativo del Eficcop a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ninguno de los citados EE registra alguna condena.
Análisis
En diálogo con Correo, el abogado Julio Rodríguez remarcó que los EE deben ser “extremadamente excepcionales”, rechazando que se vuelvan una “plaga de equipos especiales”, pues ello vulnera los criterios de competencia.
En otro momento, recordó que la EE Lava Jato ha tenido “dedicación exclusiva” en sus casos, por lo que no corresponde un “estándar de ineficiencia tan elevado”.
“Cuatro casos son los que, más o menos, les conocemos que han sido objeto (de condenas). Eso es según lo que se sabe, porque tampoco sinceran cifras. El EE Lava Jato se ha tomado un tiempo enorme (en algunos casos) y de eso no hay duda. Entonces ¿la justicia que llega tarde es justicia? La justicia es la que llega en el plazo que corresponde, respetando un debido proceso”, cuestionó.
Según indicó, este es el ejemplo más “palpable” de la distorsión de los EE. En esa línea, calificó el Caso “Cócteles” como un proceso “muerto”, recordando que la acusación fue devuelta múltiples veces.
“Su caso más icónico al cual le dedicaron una enorme cantidad horas y recursos económicos es el Caso cócteles, y es un caso que está muerto. Eso es, definitivamente, una vergüenza. La acusación fue devuelta cuántas veces ya. Además del TC, una sala superior fue la que les dijo que este caso no tiene posibilidad de éxito: la declaró nula y la regresó (a una fase anterior)”, acotó.
Por su parte, el también penalista Jorge Zúñiga recordó que la lógica inicial de los EE fue para casos complejos como el de Vladimiro Montesinos, pero lamentablemente “se han desvirtuado”.
“La lógica de los equipos especiales fue pensado con una buena razón y tras el caso del exasesor Vladimiro Montesinos. Entonces, se incorporó en la Ley Orgánica del Ministerio Público que el fiscal de la Nación puede crear EE en razón a la complejidad de los casos. Claro, no con el ánimo de una persecución. Luego, lamentablemente, se ha desvirtuado”, puntualizó.
Por otro lado, sostuvo que la provisionalidad de los fiscales al interior de estos grupos “le resta autonomía” a la labor del EE. Agregó que, veces, estos se enfocan en “ganar el caso no porque los procesados sean realmente culpables, sino porque, de perder, se puede generar un gran reproche social”.
Sobre el EE Lava Jato, consideró que, en este caso en concreto, “hay una suerte de doble rasero”.
“Por un lado, escuchas a un fiscal decir que lo quieren apartar para entorpecer un caso determinado. (…) Pero luego, él mismo se postula para ser juez. Entonces, hay una contradicción en ese argumento. Es válido de que él decida buscar otras oportunidades, pero no lo es que pueda ser cambiado por otro fiscal igual o, quizás, más competente (en el marco de la conducción de un caso)“, señaló.
