El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, dialogó con Correo sobre los temas parlamentarios que serán abordados en la última recta de la legislatura.
El congresista de Fuerza Popular cuestiona el dictamen, pendiente de ser debatido, sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Este miércoles 3, por otro lado, se votarán los informes que sugieren inhabilitar al expresidente Pedro Castillo y la suspendida fiscal Delia Espinoza.
¿Cuáles son las prioridades de la Mesa Directiva a pocos días de culminar la legislatura?
Tenemos pendiente (evaluar) las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Serán discutidas mañana, en la Comisión de Constitución, y luego, puestas a votación el jueves 4 en el pleno. Algunas cosas probablemente sean excluidas en la comisión.
¿Cree que se alcanzarán los votos para inhabilitar a Pedro Castillo? La sentencia por conspiración para la rebelión no ha sido ratificada en segunda instancia.
Al estar sentenciado ya está inhabilitado. Aún así, (…) se votará en la fecha indicada el informe. Es probable que los congresistas de izquierda voten en contra. Espero que el Congreso actúe respetando la Constitución. Este señor ha cometido varios delitos.
El abogado de la fiscal Delia Espinoza ha pedido al defensor del Pueblo que “intervenga” en el procedimiento parlamentario que busca inhabilitarla…
La posibilidad de sanción a la señora Espinoza es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso. La Defensoría del Pueblo no tiene nada que ver en este asunto. Siempre intentan politizar el tema.
Si bien (Espinoza) no era fiscal de la nación en ese momento –lo era el señor Juan Carlos Villena– al asumir el cargo, inmediatamente, se dedicó a obstaculizar (con el uso de un reglamento publicado por la Fiscalía) la aplicación de la ley (que otorga el liderazgo de la investigación preliminar a la PNP).
A diferencia del Poder Judicial, la Fiscalía no puede recurrir al control difuso. Es decir, no puede bajo ningún aspecto no aplicar la ley.
¿Qué opinión le merece el dictamen pendiente de debate sobre el Reinfo?
Me parece inaceptable que se pretenda reincorporar a los 50 000 mineros que fueron bien excluidos del Reinfo, a manos del gobierno anterior, tras no cumplir ninguno de los requisitos que se les pedía.
Entiendo que hay 2000 apelaciones, un número pequeño en relación a los 50 000. No hay ninguna posibilidad, me parece, de que sean reincorporados. El premier ha tenido una posición tajante y concreta al respecto. Ha señalado que no se debe dar esa reincorporación y que el Reinfo no se debe ampliar más de un año.
¿Cree que las declaraciones del primer ministro serán disuasivas?
Su posición es muy importante y deberá ser tomada en cuenta por el pleno. Si se aprueba (el dictamen), el Gobierno puede observar la ley y la norma no estaría vigente. Por lo tanto, quedaría anulada porque la legislatura termina la siguiente semana.
Entonces, ahí se terminó todo este debate. Aquellos que están impulsando este dictamen, que en mi opinión es erróneo, deben tomar en cuenta esta situación.
También está pendiente la ley que aumenta de S/800 a S/3500 la pensión de docentes cesantes y jubilados. El Gobierno observó la norma en octubre.
Según unas cifras que me proporcionó la Comisión de Presupuesto del Congreso, eso cuesta S/4500 millones. Es impagable.
Las pensiones son bajas, sí, pero si se le aumenta al magisterio ¿por qué no hacerlo con los demás empleados, jubilados y cesantes de todo el sector público? Hay que ser realistas.
¿Cuál es el estado actual sobre el proceso que enfrenta por el uso de una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori?
Hay una citación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el jueves a las 10 a.m. Mi abogado Ernesto Blume sustentará mi defensa y yo participaré de manera virtual.
Es una acusación ridícula, absurda y politizada del Jurado Electoral de Pacasmayo que, dicho de paso, no tenía nada que hacer en Huanchaco porque no depende de su jurisdicción.
Con una celeridad inusitada, que ojalá tuviera el sistema judicial y el sistema electoral, me han acusado a mí sin tener ninguna responsabilidad.
Me acusan por no controlar los centenarios de oficinas que tiene el Congreso, como si yo fuera el guachimán de todas las oficinas. Y además dicen que yo he permitido (el retiro de la cámara).
Permitir significa autorizar conscientemente. Eso es absolutamente falso. No lo hice y ellos, por supuesto, no tienen ninguna manera de demostrar que haya permitido ese uso incorrecto e inadecuado de la cámara.
