El fiscal Carlos Ordaya, integrante del equipo especial Eficcop, aseguró que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no tuvo motivaciones políticas y fue autorizado por el Poder Judicial como parte de una investigación formal por presunta organización criminal.
La diligencia se realizó el 27 de agosto de 2025, en el marco de la carpeta fiscal N.º 01-2025, abierta el 14 de marzo del mismo año.
En conferencia de prensa, Carlos Ordaya detalló que el Ministerio Público presentó el requerimiento de allanamiento el 8 de agosto ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que lo autorizó el 21 de agosto.
El fiscal Carlos Ordaya afirmó que todos los pasos del proceso se ajustaron a la legalidad, y que la Fiscalía actúa siempre bajo supervisión judicial, sin decisiones unilaterales.
Sostuvo que la investigación se sustenta en elementos de convicción como declaraciones de testigos protegidos, mensajes de WhatsApp y dispositivos electrónicos incautados. Se basa en la Ley 32138, que regula casos de presuntas organizaciones criminales, y busca verificar cuatro hechos específicos que vinculan a Nicanor Boluarte con posibles actos ilícitos.
Entre los hechos investigados están la supuesta manipulación de términos de referencia en la Defensoría de la Policía para favorecer a un estudio jurídico, el pago de hasta 20 mil dólares para mantener a generales en sus cargos, presiones para favorecer a la mina El Dorado en Ayacucho, y el encubrimiento de bienes o documentos relacionados con funcionarios implicados.
Finalmente, Ordaya y el fiscal Mirko Cano reiteraron que el procedimiento se realizó de manera técnica, objetiva y respetando el debido proceso; e insistieron en que el Ministerio Público actúa con base en pruebas, sin considerar intereses políticos, y con el único objetivo de combatir el delito conforme a la ley.
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