La Fiscalía ha puesto bajo la lupa al coronel PNP en retiro y abogado, Percy Tenorio Gamonal, por su presunto rol en el uso indebido de efectivos policiales para desalojos privados y otros fines.
Según un informe de “Punto Final”, la investigación, a cargo del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, se centra en un operativo de desalojo en La Molina, donde la empresa Arenera La Molina habría utilizado a la policía para recuperar un terreno de 80 hectáreas de manera irregular.
De acuerdo a la tesis fiscal, este caso no sería un hecho aislado, sino que formaría parte de un patrón recurrente.
Percy Tenorio, como abogado de la empresa, habría liderado el desalojo el 15 de octubre de 2024, sin una orden judicial, con la ayuda de efectivos de la comisaría de Manchay.
El entonces jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, presuntamente habría reforzado la operación con 50 agentes adicionales. La afectada, Lineth Rocío Ramírez Quispe, denunció el hecho, lo que llevó a la apertura de la investigación.
Un nombre recurrente en casos controversiales
El nombre de Percy Tenorio ya ha aparecido en otras investigaciones de alto perfil. En 2020, fue vinculado a los operativos policiales durante las marchas contra la vacancia de Martín Vizcarra, donde fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. En ese caso, su abogado fue Juan Santivañez, actual ministro de Justicia.
Además, su nombre figura en el caso Ícaro, donde se le acusa de coordinar con policías para desalojos en Ayacucho y de solicitar pagos por hasta 160 mil dólares.
Según el dominical, el vínculo de Tenorio se extiende incluso a la esfera política, ya que registros de visitas lo conectan con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Adicionalmente, se investiga su participación en contratos para la defensa legal de policías procesados por muertes en protestas, con montos que presuntamente ascenderían al millón de soles.
La Fiscalía continúa con la investigación, buscando corroborar la presunta coordinación irregular entre la empresa y la policía en el caso de Cieneguilla. De confirmarse, estos casos —que incluyen las marchas de noviembre de 2020, el caso Ícaro y el desalojo en La Molina— dibujarían un mismo patrón de presunto uso indebido de la Policía Nacional con fines privados y políticos.
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