Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) presentaron un recurso de nulidad ante el Poder Judicial (PJ) en el marco de las investigaciones por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, atribuido a la empresa Repsol.
De acuerdo con un comunicado institucional, la medida fue adoptada por la FEMA Lima Noroeste, luego de que se aprobara un acuerdo de principio de oportunidad solicitado por el entonces fiscal provincial provisional Ariel Tapia Gómez.
Dicho pedido se realizó sin modificar el tipo penal de contaminación ambiental de doloso a culposo. El Poder Judicial dio luz verde a esta solicitud el 29 de agosto de 2025.
El mismo día, la Fiscalía de la Nación concluyó la designación de Tapia, tras advertirse “las inconsistencias y falta de sustento del acuerdo que ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente”.
En su recurso, el Ministerio Público sostiene que no se respetaron las imputaciones originales ni los presupuestos legales. “Entre ellas, no se contempla que el derrame ocasionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas”, señala el documento.
El caso quedó bajo la responsabilidad de la fiscal adjunta provincial Tamara Gonzáles Baldeón, quien asumió el despacho de la FEMA Lima Noroeste el 1 de septiembre. Como primera medida, presentó el recurso de nulidad contra la resolución judicial que avaló el cuestionado acuerdo.
La Coordinación Nacional de las FEMA enfatizó que la magnitud del desastre obliga a investigar el hecho como contaminación ambiental dolosa, dada la dimensión de los daños sociales, económicos y ecológicos.
“De esta manera, la Coordinación Nacional de las FEMA reafirma su posición en el sentido de que este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa, debido a la magnitud del desastre y las consecuencias sociales, ambientales y económicas que generó”, remarcó.
El comunicado también adelantó que se iniciarán acciones legales contra el exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, partícipes del acuerdo cuestionado.
Asimismo, se anunció el reforzamiento de la supervisión a todas las fiscalías ambientales del país para asegurar que hechos de grave afectación al medio ambiente reciban la respuesta penal correspondiente.
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