La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Francisco Morales Saravia, integrante del Tribunal Constitucional (TC), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.
De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la pesquisa se da porque el magistrado habría favorecido a una empresa a través de una sentencia para la distribución de gas en la provincia de Talara, Piura.
DETALLES
David García Niño, gerente de la empresa de Gas Talara S.A. - GASTALSA, inició un proceso legal en el 2011 contra la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. (Gasnorp) por el derecho de concesión de gas en Piura y ganó ante el Poder Judicial. Sin embargo, en el año 2020, Gasnorp interpuso una demanda de amparo contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Finalmente, el 11 de julio de 2024, el TC emitió una sentencia en la que anuló la resolución de la Sala.
Según el denunciante, durante el desarrollo del proceso constitucional, habrían ocurrido una serie de acciones y decisiones irregulares contra su empresa.
El 19 de abril de este año mientras manejaba su vehículo, una persona de sexo masculino se estacionó a su lado, tras hacerle señales, le entregó un sobre manila y le dijo: “Para que te hagan justicia y tenemos más datos de Sullana y Lima”.
El denunciante sostiene que el sobre manila que le entregaron contenía cuatro hojas impresas con conversaciones de enero a junio de 2022.
“Buenas noches, doctor Morales, necesito solucionar el tema de Gasnorp”, habría escrito una persona que representaría los intereses de la empresa Gasnorp.
Mientras que Morales habría respondido: “Buenas noches colega, le daremos solución, es fácil. Tenemos que conversar en privado”.
Las capturas de pantalla se encuentran en manos de la Fiscalía.
DILIGENCIAS
La investigación que inició la Fiscalía contra el tribuno Francisco Morales Saravia es de carácter compleja y se realizará por ocho meses.
Ayer por la mañana, el denunciante fue citada a declarar, mientras que hoy a las 9:30 a.m., Morales está citado para declarar en el primer piso de la sede del Ministerio Público.
La Fiscalía realizará un acta de extracción de archivos, generación de copia espejo y posterior lacrado del USB que contendría las supuestas conversaciones por WhatsApp.
Sobre el mismo dispositivo, se realizará la visualización y transcripción de presuntos audios vinculados al caso.
Finalmente, se solicitará documentación al Tribunal Constitucional, así como a las empresas involucradas.
