Cristian Martínez, exchofer de la expremier Betssy Chávez, declaró ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que, tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, recibió la orden de su jefa de dirigirse hacia la embajada de México. Este testimonio forma parte de las pruebas que la Fiscalía presentó para sustentar que la exjefa del Gabinete Ministerial intentó fugar del país.
Pese a estos indicios, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso la liberación de Chávez Chino, quien se encuentra recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos cumpliendo una prisión preventiva.
La decisión del máximo intérprete de la Constitución establece que el Poder Judicial (PJ) debe emitir una resolución que permita la excarcelación inmediata de la expremier.
Al cierre de esta edición, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no era notificado por el sistema de justicia para liberar a Chávez.
DETALLES
En diciembre del 2024, los abogados de Betssy Chávez presentaron una demanda de habeas corpus ante el TC con el objetivo de que su patrocinada sea liberada, mientras era investigada por el delito de rebelión.
El equipo legal argumentó que la expremier cumplió los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso (ver infografía), por lo tanto, estaba detenida de manera arbitraria.
Además, aseveraron que es una paciente con cirugía bariátrica, en consecuencia, requería una alimentación nutricional especial, pedido que no era atendido por el establecimiento penitenciario.
¿Cómo resolvió el TC? El colegiado consideró que hubo una flagrante vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias.
El motivo: La expremier cumplió los primeros 18 meses de prisión preventiva el 19 de diciembre, pero solo un día antes, la Fiscalía solicitó ampliar la medida.
La audiencia se programó recién el 26 de diciembre, un día después, el Poder Judicial amplió la prisión por 15 meses.
“Chávez se mantuvo ocho días en prisión sin que exista un mandato jurisdiccional vigente, y mucho menos, motivado, no cabe duda de que sufrió una detención arbitraria”, se lee en el documento.
Para el TC, le correspondía a la Fiscalía solicitar, de manera oportuna, la prolongación del plazo de prisión preventiva.
“Si bien es cierto lo hizo antes del vencimiento del plazo (un día antes), el órgano jurisdiccional resolvió la cuestión después de consumarse la detención arbitraria”, indicó el órgano.
Además, se mencionó que el Poder Judicial decidió programar la audiencia para evaluar la ampliación de prisión “sacrificando” la libertad de Chávez durante ocho días.
POSIBILIDAD
En la resolución, el TC deja en claro que el Poder Judicial puede dictar las medidas que considere necesarias para asegurar la presencia de Chávez en las diligencias judiciales.
Como se recuerda, la expremier afronta un juicio oral por el golpe de Estado en el que la Fiscalía pide una condena en su contra de 25 años de cárcel.
Es decir, que la Fiscalía tiene la potestad de solicitar reglas de conducta y/o un nuevo requerimiento de prisión preventiva para la expremier.
El documento fue firmado por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa y Pedro Hernández.
Por otro lado, el TC se pronunció sobre el papel del INPE en el caso.
“Desde una perspectiva constitucional, no se aprecia que hubiera incurrido en responsabilidad alguna, toda vez que, de conformidad con el artículo 22 del Código de Ejecución Penal, la libertad del interno sólo puede ser otorgada por la autoridad competente y en la forma prevista por la ley”, indicó el órgano en el documento.
Los tribunos Manuel Monteagudo y Luz Pacheco emitieron un voto singular.
La última consideró que la ampliación de prisión preventiva sí fue motivada debido a la complejidad del caso, las pruebas existentes y el riesgo de fuga.
“No constan datos adicional que cuestionen los fundamentos del peligro de fuga y tampoco argumentos razonables que justifiquen que a día de hoy, no es proporcional seguir manteniendo la prisión preventiva”, indicó Luz Pacheco.
RECLAMOS
Conocida la resolución, su abogado Raúl Noblecilla acudió al establecimiento penitenciario.
“Estamos sorprendidos de esta lentitud. Chávez está secuestrada de manera política. El juez Juan Carlos Checkley recibió el documento a las 11:48 a.m., nos preguntamos por qué han pasado tantas horas y el INPE no da cuenta”, reclamó.
En ese sentido, adelantó que todo indica que la expremier recién saldría hoy.
También lo hicieron un grupo de congresistas, entre ellos, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), quien fue captado retirando los objetos personales de la expremier.
En el lugar se hizo presente su compañeros de bancada Víctor Cutipa y Jaime Quito (Bancada Socialista).
Para Sánchez, el documento del TC ingresó de manera oportuna a la Corte Suprema. Sin embargo, no hay una respuesta todavía.
“Se debió haber corrido traslado a la autoridad, pero hasta ahora la presidencia del INPE no tiene conocimiento”, declaró a los medios.
Precisamente, ayer por la tarde, el equipo legal de Chávez le envió un oficio al juez Checkley para solicitar la inmediata libertad de su patrocinada. Sin embargo, el INPE solo podía excarcelar a Chávez si era notificado hasta las 5 de la tarde.
