El presidente de la República, José Jerí, reveló ayer que el Estado tiene acceso, desde hace diez años, a la base de datos de las comunicaciones telefónicas realizadas desde los penales. Esta información habría sido administrada por las empresas concesionarias que instalaron los bloqueadores de señal en dichos centros.
Desde Huánuco, ciudad en la que presidió el IX Consejo de Estado Regional, el mandatario cuestionó que las anteriores gestiones, pese a contar con estos registros recopilados durante al menos una década, no los hayan aprovechado para enfrentar uno de los principales problemas del país: la delincuencia.
“¿No será que otras autoridades se hicieron de la vista gorda para evitar enfrentar la delincuencia? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de participación en ella?”, interrogó.
Tras insinuar posibles vínculos de los gobiernos anteriores con el crimen organizado, Jerí afirmó que su administración empleará esta información recopilada como parte de una estrategia más eficaz contra los grupos delictivos que operan desde las prisiones. “Hay que ver hacia atrás quiénes no han tomado esas decisiones”, sentenció.
No obstante, el presidente aseguró que la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, vigente desde el 22 de octubre, ha arrojado “cifras positivas” que serán expuestas públicamente por las autoridades.
Venta de Chips
En la misma línea, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, se refirió a la venta irregular de chips telefónicos en las calles.
El funcionario señaló que las compañías deben contar con un protocolo de venta y advirtió que, de no tenerlo, deberán responder penalmente. “No puede ser que una persona tenga 100 chips, eso es inimaginable”, agregó en declaraciones a RPP.
