José Jerí cumple mañana su primer mes como presidente de la república en funciones. El congresista de Somos Perú marca una importante distancia con su antecesora, Dina Boluarte, no solo en decisiones de Estado, sino también en gestos como su presencia en operativos policiales en cárceles o su disposición a dialogar con la prensa. Aquí encontramos al menos siete diferencias que no incluyen el nivel de aprobación, que está en 48.25%.
Primeros pasos
El ingreso de Jerí a la presidencia estuvo marcado por el punto álgido que alcanzó la extorsión en el país y el avance del crimen organizado.
La ineficaz respuesta a estos problemas a manos de Boluarte, junto al reciclaje del censurado ministro Juan José Santiváñez, que pasó de Interior a Justicia, llevaron a su sorpresiva vacancia. El Congreso decidió que Jerí asumiera las riendas del país y lo blindó de una censura. La pregunta entonces era si el remedio no era peor que la enfermedad.
En sus primeros días, Jerí optó por gestos visibles de cara a la ciudadanía, acciones que evidenciaran proximidad e involucramiento, de la figura presidencial, en problemáticas latentes. La principal: la inseguridad ciudadana.
Así, el hoy presidente participó de distintos operativos policiales, junto a los titulares del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía, hasta en cuatro penales. Estos son Ancón I, Sarita Colonia, Miguel Castro Castro y Lurigancho.
Los apersonamientos se produjeron entre los días 11 y 28 de octubre, principalmente, en horas de la madrugada. Parte de las gestiones implicaron “la revisión de los internos y de los espacios, se encontraron celulares y accesorios empleados presuntamente para la extorsión”. En ocasiones, se halló droga y armas punzocortantes.
En uno de los operativos, de carácter simultáneo, que se llevó a cabo en los centros penitenciarios de Ancón I —al que acudió Jerí—, Lurigancho, Challapalca y El Milagro, participaron 200 agentes del INPE.
Más acciones
El estado de emergencia en Lima y Callao provincia, declarado por este Gobierno, se inició el 23 de octubre.
Si bien esta no es una medida que no haya usado Dina Boluarte, sí constituye una diferencia las medidas que se aplicaron para que sea una emergencia eficaz. Aún es prematuro referirse a éxitos, pero algunos resultados son promisorios.
El último viernes 7, a través de un decreto supremo publicado en El Peruano, se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada, así como cuatro comités: de Inteligencia, Coordinación Distrital, Fiscalización, y Comunicación Estratégica.
También se declaró en sesión permanente a los consejos nacionales de Seguridad Ciudadana y Política Criminal, y el comité regional de Lima y provincial del Callao, respectivamente.
“Tiene la lógica de redoblar los esfuerzos, mejorar la articulación y también el uso de tecnología, así como de otras medidas” se indicó en el Ejecutivo.
Pero las diferencias con la anterior gestión también alcanzan a decisiones gravitantes para la economía del país. Hubo muchas críticas a Raúl Pérez-Reyes, exMEF, por el incumplimiento de las metas fiscales. El actual Gobierno, a través de un decreto de urgencia, hizo entrar en vigor una política de “austeridad”, hasta el término del año fiscal 2025, para reducir costos y ahorrar, según se estima, hasta S/1200 millones.
Entre lo dispuesto figura priorizar el gasto en inversiones en ejecución y prohibir gastos en servicios no esenciales, entre ellos, “publicidad, organización de eventos, impresiones, encuadernación y empastado, seminarios, talleres” y consultorías, entre otros.
Otras diferencias
El mandato de Jerí, al igual que el de Boluarte, también enfrentó un pedido de asilo, pero las respuestas fueron distintas. La gestión anterior otorgó a Nadine Heredia el salvoconducto para huir del país rumbo a Brasil el mismo día que fue condenada a quince años de prisión por lavado de activos.
La respuesta del régimen en el caso de Betssy Chávez ha sido “congelar” la entrega del salvoconducto ante el asilo en la embajada de México. La respuesta de la Cancillería, a cargo de Hugo de Zela, fue pedir una revisión de la Convención de Caracas (1954), firmado por veinte países, en la OEA.
Otra política distante a lo pasado en el actual régimen es el caso de la quebrada Petroperú. Boluarte había dejado allí a los cuestionados Alejandro Narváez y Óscar Vera, presidente del directorio y gerente general, respectivamente.
El primero de ellos fue designado por Boluarte en noviembre del 2024. En medio de una clamorosa crisis financiera y el fracaso de metas de ahorro, pero el actual Ejecutivo lo apartó, a mediados de octubre. Vera no tardó en ser removido.
Dos diferencias finales entre Jerí y Boluarte son el contacto con la prensa, a la que el presidente no ha rehuido al menos hasta ahora. Además, se muestra activo en X y ha respondido directamente a algunos de sus críticos.
