El abogado de la ahora expresidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, dialogó con Correo sobre la vacancia suscitada la madrugada del viernes 10 de octubre. Para el constitucionalista, hubo ansias de “aplausos” por parte de “congresistas candidatos”, e instrumentalización de la figura de la vacancia, en el marco de una desesperada carrera electoral.
El Congreso ha vacado a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, pero usted ha alegado que ello no se ha demostrado, ¿por qué?
Hay un antes y un después sobre la “incapacidad moral” como causal de vacancia. El Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia de hábeas corpus que interpuso Pedro Castillo, sostiene que para que no sea una simple narrativa la causal que se invoca para sacar a un presidente del poder, primero se tiene que determinar lo que se alega como “incapaz, moral y permanente” (...).
También indica que, cuando se enumeren los hechos, se tienen que ofrecer medios probatorios. Entonces, no se ha podido verificar si efectivamente se cumple con el requisito que ha propuesto el TC. Se dice que el reglamento habilita que no se le deba escuchar (a la presidenta), si se decide con más de 104 votos, pero el reglamento ya tiene una interpretación tras lo del TC. Es decir, se debe dejar de lado que uno solo con mayorías y con votos puede sacar a un presidente del poder.
Se hizo un llamado a la presidenta para que brinde sus descargos…
Fue lo más grosero, que habiéndosele otorgado el uso de la palabra, le querían dar 56 minutos para que pueda preparar su defensa y ejercerla. Entonces, las dos cosas que he mencionado son inconstitucionales; materialmente, una interrupción democrática, un golpe de Estado. Esto es grave para la democracia, no para Dina Boluarte. Nuevamente entramos a una vorágine sin fin. Ya se está amenazando con sacar al congresista José Jerí del poder, etcétera.
Lo mínimo que debió ocurrir es permitirle (a Boluarte) que prepare su defensa en una hora razonable, no en la madrugada, porque esto requería que sea visto públicamente. Hubo casos anteriores. Al expresidente Pedro Pablo Kuczynski se le dio una semana para que se prepare, al expresidente Martín Vizcarra, las dos veces que lo llevaron a la vacancia, también se le otorgó un plazo razonable para que se defienda (...).
Lo mínimo, según las normas procesales, son tres días. Por eso se envió una comunicación pidiendo la reprogramación, pero no la aceptaron.
Los congresistas han considerado como “incapacidad moral” las investigaciones a nivel fiscal que tenía la entonces presidenta...
Las investigaciones jurídicas son jurídicas y no morales. Yo estoy presumido inocente hasta que no haya una sentencia. Por eso, las situaciones de inmoralidad son complejas. Imaginemos que el cuestionamiento nuevo era que supuestamente no controla la criminalidad. La Constitución responde que ella no es responsable.
Para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales, ella tiene que ser presidente. No necesariamente tiene que saber de armas o de estrategia militar. Lo único que tiene que hacer es ordenar, controlar el crimen. El crimen lo provoca el delincuente, controlado por las fuerzas policiales. Ellos son los que están preparados para combatir (…).
Nadie puede esperar que la presidenta salga en en la patrulla y agarre un arma, eso no es posible (…). Se han señalado casos que ya se llevaron a (un debate de) vacancia anteriormente y no prosperaron.
También se ha calificado como oportunismo político que la vacancia se haya suscitado en un contexto de campaña electoral.
Se ha aprovechado la situación de lo que ocurrió con Agua Marina y lo impopular de este Congreso, para volverse popular a propósito de la impopularidad de la presidenta. Entonces, (ahora) resulta que más grave ha sido este problema que el golpe de Estado de Castillo. Todos estos congresistas son candidatos.
Ese es un problema para la democracia. Yo he sugerido que así como no se puede cerrar un Congreso un año antes que termine el mandato, no debería haber vacancia durante la campaña electoral porque es una tentación terrible a efectos de hacer populismo.
¿Hay algún recurso que esté alistando la defensa?
He recomendado una acción de amparo contra la decisión de que, habiéndole otorgado una defensa, se le hayan dado 56 minutos para prepararla y presentarla. Insisto, los antecedentes han terminado siempre en darle un plazo al presidente para que pueda preparar su defensa. Lo que hemos visto ese día es materialmente un golpe de Estado. No haberle permitido el uso de la palabra y votar para sacarla del poder ha terminado siendo inconstitucional (…).
He alcanzado un documento que puede ser presentado, pero yo no defino eso. Si la presidenta decide ponerlo, es su decisión. He descrito la situación como arbitraria e inconstitucional.
Le han quitado el poder a una presidente elegida en urnas a puro voto ¿Quiénes? congresistas candidatos. Ese es un problema de la institucionalidad democrática, de un Congreso que renunció a la historia, pudiendo sentar un precedente en el que le aportó estabilidad al país y no un séptimo presidente en diez años.
¿Temen ahora que haya acciones en contra de Boluarte de parte de la Fiscalía o el Poder Judicial?
En todo tipo de intervención de medidas se tiene que considerar, en primer lugar, que ella es una aforada; es decir, no es que se la pueda poner en prisión preventiva. Todas estas situaciones de excepción tienen que ser vistas como tal, como una excepción.
Los aforados para ser investigados y procesados penalmente tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Tiene que haber actos de investigación de prueba, pero de ahí a medidas coercitivas, que sean materialmente parte de una investigación penal y procesal penal, no es correcto.
El tema es que todos quieren hacer política con el Derecho. Si el Ministerio Público cree que puede hacer cualquier cosa, lo va a hacer aún contra lo que quiere la Constitución (...). Sobre el impedimento de salida del país, con uno bastaba.
¿Cuál es la situación actual de la investigación por los fallecidos en las protestas sociales?
Permíteme precisar, yo no las llamo protestas sociales. Me gustaría que se cite. La protesta siempre es pacífica y estas fueron manifestaciones políticas violentas. Los fallecidos son consecuencias de tres situaciones.
Uno, de un mal policía que efectivamente utilizó el arma. Ese mal policía será investigado y sancionado. Dos, de un policía que se equivocó de percepción dado el contexto de altísima violencia que se vivió, donde los manifestantes usaron armas —y no lo dice Joseph Campos, lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, y tres, de los policías que tuvieron que defenderse en la situación donde vieron expuesta su vida.
Ya el Congreso se ha pronunciado sobre las imputaciones. Una de ellas era genocidio, que la propio Fiscalía retiró, y dos eran por presunto homicidio calificado y lesiones. Sobre estos últimos, el Congreso ha dicho que no son procesables y las archivó.
Había indicado que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tenía dos carpetas nuevas por este caso, según indicó, por presuntas lesiones leves y graves, y lesiones leves. Hay una investigación preliminar en curso...
Delia Espinoza, extrañamente, (dispuso) investigaciones que no tienen nada de diferente respecto a la presidenta de la república. ¿Qué le imputan a la presidenta de la república? Una omisión que habría cometido desde la presidencia, en Lima, en Palacio de Gobierno. De tal manera que la omisión (que sindica) es para todos aquellos que habrían sufrido algún tipo de lesión o daño. Entonces, no tenía ninguna justificación (para no incluir las denuncias que generaron dichas carpetas en la investigación principal).
Solamente había que confirmar, cada vez que había una denuncia, quién era el presunto agraviado, qué día ocurrió y dónde. Solo esas tres cosas tenías que confirmar. Sin embargo, extrañamente guardó esas dos carpetitas como para que, después que el Congreso archivara (una) y el tribunal haya dicho ‘suspéndase’, ahora lo ha enviado (sic).
Son investigaciones (por hechos) que comenzaron en el 2023, la investigación mayor se cerró en el 2024. ¿Por qué las guardó? Ese es el punto. Son más de lo mismo. Vamos a pedir que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, las archive. Todo lo demás ya tiene un pronunciamiento de archivo.
¿Hubo intereses electorales detrás de la vacancia?
Era una decisión tomada. (…) El discurso del congresista Jerí, cuando asumió la presidencia, se dio con una solvencia y preparación que sugiere que esto ya lo tenía previsto. Hace un discurso equivocado, él es un sucesor constitucional.
Él no está llamado a revolucionar el poder. No fue elegido para gobernar, sino para representar. A él lo eligieron 11.000 personas u 11.600. Era el accesitario de Martín Vizcarra quien, si no hubiera dejado el cargo, (Jerí) no hubiera accedido al poder (curul). Es una situación de locos.
Debo expresar mi tristeza y consternación que están por encima de ser abogado de la presidenta Dina Boluarte. (…) Hoy se aplaude para luego lamentar.
Lo que hemos visto ese día es que solo con votos de congresistas candidatos, ávidos de desmarcarse de compromisos o simplemente tener un aplauso —en una circunstancia provocada por delincuentes como lo es la inseguridad ciudadana— se ha provocado una crisis de la institucionalidad que no tenía ninguna justificación. Solo faltaban siete meses para terminar el mandato.
