El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Portugal, salió al frente y descartó categóricamente cualquier versión sobre un supuesto intento de fuga o desaparición de su clienta tras su vacancia por incapacidad moral aprobada por el Congreso.

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), la defensa legal de Boluarte, aseguró que ella permanece en su casa y en el país.

La declaración de Juan Portugal busca disipar las crecientes especulaciones que surgieron debido a que, tras dejar Palacio de Gobierno, la ubicación exacta de la exmandataria no se había conocido de forma oficial. Portugal afirmó directamente que “ella está en su casa; ese fue y será su paradero, su país”, reiterando que Boluarte no ha abandonado el territorio nacional y mantiene su condición de ciudadana peruana.

El abogado enfatizó que la sujeción de su clienta a las normas y a los poderes del Estado no es un mero “discurso romántico”, sino un principio que ha guiado su vida política y personal, un compromiso que, según él, se mantiene inalterable después de haber dejado la presidencia.

Además, Portugal denominó “delirio” cuando se habla de una supuesta fuga, e incluso instó a la prensa a ejercer un “periodismo veraz, educado y responsable” al abordar el tema del paradero de la expresidenta.

Fiscalía

Cabe precisar que el Ministerio Público ha formalizado dos requerimientos de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte en el marco de dos investigaciones distintas.

En caso, el Poder Judicial apruebe ambas solicitudes, la exmandataria enfrentaría una restricción total de hasta 36 meses para salir del territorio nacional, buscando con ello evitar un riesgo de fuga y asegurar su permanencia mientras avanzan los procesos.

El primer pedido, de 18 meses, fue presentado por la Fiscalía de la Nación y se relaciona con la investigación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en el caso de su cirugías estéticas.

En paralelo, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó una segunda medida por un plazo de 36 meses. Esta investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, vinculada a la recolección de dinero destinada a cubrir la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón.

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