La última vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tuvo entre sus filas a un ciudadano peruano fue hace cincuenta años.
La historia podría cambiar en la próxima elección de sus miembros, a fines de 2026, tras la candidatura por el Estado peruano de la exfiscal Luz Ibáñez Carranza, hoy jueza permanente de la Corte Penal Internacional (CPI).
Quien alguna vez investigó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán (Sendero Luminoso) y logró llevarlo a juicio oral, con una eventual sentencia a cadena perpetua, podría integrar la CIJ en el periodo 2027-2036.
¿Cuánto tiempo lleva al interior de la CPI? ¿Cuáles son algunos de los casos que ha visto su sala?
Trabajo en la CPI desde marzo del 2018. En casi ocho años de labores, como jueza permanente de la Sala de Apelaciones, he conocido casos muy importantes en última instancia. Uno de ellos, muy emblemático, fue el del entonces gobernante de Sudán, Omar Albashir.
Estaba acusado de genocidio y “crímenes atroces”, pero apeló diciendo tener inmunidad por ser jefe de Estado. Fue un gran paso de la CPI dar una interpretación desde el derecho internacional para concluir que no hay inmunidad para los jefes de Estado frente a este tipo de crímenes.
Muchas de sus opiniones disidentes, es decir, contrarias a las de sus colegas, se convirtieron en jurisprudencia (precedentes) con el paso de los años…
Sí, eso ocurrió, por ejemplo, en un caso de Afganistán sobre muchos crímenes y delitos cometidos allí. La sala de primera instancia sostuvo que sí había delitos terribles e indicios de quiénes los habían cometido, pero que al no haber nadie que ayude al fiscal a investigar era preferible que se guarde ese dinero para otros casos.
No se quiso abrir la investigación. El fiscal se quedó impávido, ni siquiera apeló en ese momento. Las víctimas acudieron directamente a la Sala de Apelaciones, en la que yo estaba. Había una situación muy difícil en la CPI porque se consideraba que las víctimas no eran parte de los procesos. Pero el artículo 68.3 dice que sí pueden hacerlo si sus intereses están siendo perjudicados (…). Faltando horas para que se venza el término, el fiscal apeló, pero por motivos diferentes a los de las víctimas.
Mis colegas dijeron: “Ahora las víctimas ya no tienen derecho a venir aquí a apelar”. Me mostré en desacuerdo y escribí una opinión disidente para darles ese derecho a las víctimas. En ese momento, era disidente.
Dos años después, cuando se fueron los colegas que integraban la sala, vinieron otros nuevos y lo adoptaron como una jurisprudencia en casos como el de Filipinas y Venezuela. Ahora les damos acceso y participación a las víctimas en los procesos de apelación. Fue una primera gran decisión en el 2019.
Con más treinta años acumulados como fiscal y fiscal coordinadora, ¿cómo evalúa la situación que vive actualmente el Ministerio Público? La entidad parece vivir en un enfrentamiento constante, tanto al interior de ella como frente a otras instituciones.
Yo vengo muy poco a Perú (…) pero veo las noticias y demás. Me apena mucho que, en los últimos años, pareciera que el Ministerio Público está en permanente crisis.
Lo digo con pena porque cuando ingresé en 1982 también había problemas, pero la diferencia era que había mística en los que estábamos accediendo al Ministerio Público. Para muchos, nuestro primer trabajo, y por todos los medios tratábamos de cuidar la institución y cuidar los procesos de justicia en los que participábamos.
El reto, creo, es recuperar tranquilidad, credibilidad y organización. Tiene que tranquilizarse la institución. No pueden existir permanentes enfrentamientos entre las cabezas y mucho menos con los estamentos de otras instancias (…).
Es una cuestión de tranquilizarse un poco y recuperar la serenidad (…) hacer un trabajo honesto más allá de las pasiones personales a fin de recuperar la credibilidad del ciudadano.
¿Cree que el desprestigio de la institución responde, en gran parte, a la falta de capacidad de algunos funcionarios para llegar a acuerdos?
Cuando uno accede a esas posiciones, tiene que trascender sus propios apetitos, antojos y visiones. Hay que ceder en cierto punto a fin de obtener esos consensos que permitan que siga funcionando una institución exitosa de justicia.
Yo tenía un poco de esa escuela, pero creo que la he perfeccionado al trabajar en la CPI, donde ponerse de acuerdo con 18 jueces que provienen de distintas nacionalidades, regiones e ideologías del mundo es una tremenda tarea (…).
En la Sala de Apelaciones, siendo la instancia final de una Corte de último recurso, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos mucho (…). Tratamos, en todo lo posible, de ceder cuanto podamos. No negociamos en el sentido propio de la negociación porque administrar justicia no es negociar. Eso es otra cosa, pero tratamos de ceder en todo lo que se puede a fin de lograr consensos y dar, por lo menos, respuestas en unidad. Cuando eso no se puede lograr, se puede disentir, pero desde el respeto, sin ataque (…).
Hay que comprender que los procesos de justicia a los que estamos obligados están por encima de esos pequeños egos personales.
¿Qué opinión le merece la comisión que evalúa la continuidad del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?
Como autoridad internacional, no puedo opinar sobre ninguna coyuntura local, así sea del Perú u otro, porque potencialmente esos temas pueden llegar a mi conocimiento en la CPI. Sin embargo, sí puedo decir de manera general que el Sistema Interamericano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos, entre otros, son grandes posibilidades y estructuras de justicia para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos sin importar quién sea. Cómo se manejan estas cortes, es cuestión de los propios sistemas políticos internos.
Los derechos humanos son un pilar clave del Estado de Derecho. Si hay alguna comisión o lo que fuere, sin opinar sobre él, se tendría que pensar bien y balancear un poco la situación porque los temas coyunturales ni anulan los derechos humanos ni la protección de los mismos.
Llamaría a una reflexión, sí cabe el caso. Como peruana podría reflexionar al respecto, pero como autoridad creo que cada quien sabe lo que tiene que hacer.
El expresidente Martín Vizcarra está buscando que la Corte-IDH anule las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso. ¿Es posible que dicha entidad otorgue una medida cautelar antes de los comicios del próximo año?
Si este es el caso de un expresidente que acude a este sistema de justicia, porque cree que sus derechos como ciudadano han sido violados, tiene el derecho de hacerlo al igual que cualquiera que se sienta en peligro. Pueden haber medidas cautelares, pero estos procesos duran años.
En cuestión de plazos, hay todo tipo de casos. Hubo algunos en los que las medidas cautelares de la Corte-IDH han salido rapidísimo, en cuestión de dos o tres meses, y otros en los que se han tardado hasta tres años. Son muchas cosas a evaluar.
En la Corte-IDH, su presidenta y los miembros del tribunal son gente altamente preparada. Ellos evaluarán todos los impactos (de una posible medida cautelar).
¿Pero es posible que puedan pronunciarse antes de las Elecciones 2026?
Es un poco difícil. Los peticionarios pueden querer todo, el oro y el moro, como se dice, pero de ahí a que lo consigan, hay que ver. Los jueces de la Corte-IDH evaluarán los impactos y sabrán lo que es apropiado para revertir una situación injusta, si es que la consideran preliminarmente así.
En muchas ocasiones se niega porque no creen que sea una situación que amerite una medida provisional y esperan a resolver el fondo que, a su vez, puede dar como resultado que no hay lugar porque consideran que es legal lo que hizo el Gobierno o el Poder Judicial.
Entonces, el hecho que tú presentes una petición no te garantiza nada, solo que tienes un tribunal que evaluará de nuevo tu situación. Nada más.
¿Puede la Corte-IDH ordenar la participación del exmandatario en los comicios?
La Corte, como cualquier otra, para dar una medida provisional tiene que tener la primera base: la verosimilitud de que haya habido una situación injusta o delictiva. Si los jueces no ven eso, no pueden seguir adelante. Que el señor peticionario crea que algo es injusto, no significa que los jueces lo crean.
Entonces, antes de que la Corte se vaya a pronunciar, no sé en qué tiempo y tipo de medida, evaluará si hay verosimilitud de la injusticia, de la violación de derechos humanos. Si no encuentra eso, allí muere el caso; de lo contrario, dirá: “bueno, (se otorga) derecho a la participación ciudadana” o lo que considere. La Corte-IDH no tiene, en forma listada, qué medidas brindará. (En ese escenario,) seguro encontrarán una que favorezca mejor al Derecho.
Cancillería evidencia “inactividad” sobre candidatura
¿Cómo gestiona o recibe su postulación?
Me siento muy honrada de que el Estado peruano me haya postulado, no solo en mi condición de magistrada, sino de mujer. Somos más del 50% de la población mundial y tenemos otra perspectiva. No hubo nunca una profesional mujer latinoamericana en la CIJ. Por esa y otras razones, probablemente, mi candidatura ha desatado simpatía, sobre todo, de los jueces. Tengo 23 años de experiencia en el derecho internacional.
¿Cómo se ha desarrollado su postulación hasta ahora?
Mi presencia en el Perú obedece a que hubo algunos retrasos y un poco de lentitud en la tarea de la Cancillería, en promover y trabajar en la campaña que no es personal. Esta es una campaña del Estado peruano con Luz Ibáñez propuesta para jueza en la CIJ. La mayor parte de actividades, sobre todo las administrativas que facilitan la campaña, vienen de la Cancillería. He visto un poco de inactividad, no sé si es porque no estaba aquí u otra razón.
¿Cuándo se presentó oficialmente la postulación?
El 7 de marzo de este año. Los Estados del mundo ya han sido notificados por el Perú. En relación a la campaña, muy tímidamente se han hecho algunas cosas. En contraparte, los competidores no esperan. Hace dos o tres años que están promoviendo sus postulaciones. Mi propósito al venir al Perú era reunirme con el canciller.
¿Ha logrado reunirse con él?
Lo hice con otras autoridades de Cancillería, pero no he tenido la suerte de ser recibida por el canciller pese a que mi rango de jueza de la CPI, que según los convenios de inmunidades y privilegios, es de subsecretario general de Naciones Unidas. A veces hay muchas tareas pendientes, también. La promoción del Perú en el exterior tampoco espera.
¿Cuándo se realizará la elección?
Probablemente, a fines de octubre del 2026. De ser elegida, asumiría en febrero del 2027 e iniciaría un periodo de nueve años. Esto calza con el fin de mi mandato en la CPI. Me siento motivada por mi vocación de servicio y de justicia a nivel internacional.
