La congresista María del Carmen Alva, integrante de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, explicó los alcances de la iniciativa constitucional que será presentada antes de fin de año.
La oferta busca reorganizar integralmente el sistema de justicia, fortalecer la independencia de jueces y fiscales, y acercar la justicia al ciudadano. Además, que la disposición tenga alcance regional, ya que muchos peruanos no se sienten representados por la justicia.
¿Qué se busca con esta reforma? Queremos establecer un sistema de administración con sus órganos principales y objetivos, para que haya un trabajo coordinado, de interoperabilidad. En los jueces, la idea es que sean evaluados permanentemente, pero no que haya una ratificación cada 7 años. También eliminar la provisionalidad, pues hoy en día el Poder Judicial tiene alrededor del 41% de provisionales y la fiscalía cerca del 54%. Además, son 78 jueces de control para más de 30 mil jueces, tan solo en Arequipa hay alrededor de 200 denuncias verbales diarias por mala administración de justicia, malos jueces.
En la propuesta menciona la creación de la Escuela Nacional de Justicia, ¿Habría el riesgo de concentración de poder? Necesitamos es que haya una carrera meritocrática, incentivos y que entren los mejores, que no se designe a dedo. Va a ser una escuela técnica, no política. Nosotros consideramos que no se trata de hacer parches, la justicia de hoy en día necesita una reforma profunda, moderna y con mirada regional y eso es lo que estamos haciendo. Esta debe incluir actualización de leyes, estabilidad de los jueces de control y reconocimiento del rol de los colegios de abogados.
¿Cómo beneficiaría esta reforma al ciudadano de a pie? En el PJ hay 5 millones de expedientes en trámite y en ejecución que no se dan abasto y no van a terminar nunca, incluso hay procesos que duran 30 o 40 años. Entonces lo que se trata es agilizar, plantear temas para que no haya tanta carga procesal y que el ciudadano de a pie tenga la resolución lo antes posible. Todos los procesos que llegan a la Corte Suprema y de acuerdo a la información que nos han dado, el 90% se declara improcedente.Sería ideal que haya algunos temas que se puedan resolver por arbitraje, conciliación o por otra vía.
¿En cuánto tiempo se reduciría un caso en resolverse? Se podría ahorrar hasta 6 años, considerando que no llegue a la Corte Suprema y el TC.
¿Entonces, como se trabajaría la justicia con esa mirada regional? Existe una sede del TC en Arequipa y sabemos que hacen sesiones. El pedido en general del decano del Colegio de Abogados era que haya más sesiones descentralizadas en la sede de la Ciudad Blanca. ¿Y Esa mirada regional? Uno de los planteamientos que nos han dado es que las salas de la Corte Suprema deberían ser descentralizadas. Son propuestas que salen de las distintas regiones y se escuchan distintos temas.
¿Cuál sería el impacto en la seguridad? Creo que una reforma ayudaría a que todos estos juicios se agilicen y el delincuente tenga la sanción respectiva, todo es una cadena.
¿Y la coordinación entre PNP y Fiscalía? Eso es una realidad, por eso estamos preocupados en la reforma de justicia. Hay dos instituciones que no trabajan coordinadamente, la Policía detiene al delincuente y la fiscalía lo suelta, pero sabemos que el Ministerio Público está en crisis, basta voltear y ver lo que está sucediendo internamente. El Ministerio Público debe concentrarse en hacer su trabajo en combatir la inseguridad ciudadana con todos estos procesos que le llegan. Ahí falta un trabajo conjunto y coordinado, por eso también en la reforma constitucional estamos estableciendo la necesidad de crear lo que es el Sistema de Administración de Justicia, en el que estaríamos estableciendo las instituciones que la conforman, los órganos de apoyo, los fines y los objetivos de este sistema para que trabajen coordinadamente.
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