Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
De acuerdo con el informe final, la fiscalía de la Nación acusa a Vizcarra de haber intervenido indebidamente de manera directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, fue la encargada de sustentar el informe y también asumirá la exposición de la acusación ante el pleno del Congreso.
Durante la sesión se informó que Martín Vizcarra fue notificado de manera correspondiente para ejercer su defensa; no obstante, al no presentar descargos, su ausencia fue considerada “injustificada”.
El informe final, aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 23 de enero, fue elevado a la Comisión Permanente seis días después, el 29 de enero, hace ya ocho meses.
De acuerdo con el informe final, Martín Vizcarra emitió la Resolución Suprema 017-2020-JUS, del 1 de febrero de 2020, mediante la cual designó a Daniel Soria como procurador, a pesar de que el abogado no reunía los requisitos legales exigidos, como la acreditación de trayectoria.
La acusación también involucra a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
No obstante, Lady Camones aclaró que, en el caso de Revilla Vergara, el plazo de antejuicio constitucional venció en febrero pasado, por lo que dicha circunstancia será comunicada a la Fiscalía.
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