El Ministerio de Educación (Minedu) destituyó en 2025 a 664 docentes y administrativos (568 docentes y 96 administrativos) condenados o procesados por delitos graves, a fin de garantizar entornos escolares seguros a nivel nacional.
De ellos, 603 provenían de instituciones públicas y 61 de privadas; 91 recibieron separación definitiva tras sentencias firmes (68 docentes y 23 administrativos).
El delito más común fue la violación sexual e indemnidad sexual (66 casos), seguido de terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico de drogas.
Además, se ordenó la separación preventiva de 573 personas (500 docentes y 73 administrativos) con procesos judiciales en curso por violación sexual, terrorismo, homicidio, trata de personas, secuestro y proposiciones a menores vía digitales.
El ministro Jorge Figueroa Guzmán enfatizó la postura inflexible del sector: “Nuestra prioridad es proteger a los estudiantes y garantizar escuelas seguras. No permitiremos que personas con delitos graves permanezcan en el sistema educativo”.
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