El ministro de Justicia, Juan Alcántara, reafirmó que el distrito de Santa Rosa ubicado en la isla de Chinería (Loreto) es peruano conforme a los tratados internacionales vigentes y coordenadas oficiales de delimitación territorial, rechazando las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien anunció que llevará el caso a la Corte Internacional de Justicia.
“No es porque lo diga el ministro de Justicia, es porque así lo establecen los tratados. Santa Rosa está dentro del territorio peruano, no hay ninguna duda de eso”, dijo a la prensa desde el Congreso.
Juan Alcántara destacó que esta soberanía está respaldada por tratados como el Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, y que el Perú ejerce actos de jurisdicción pública y permanente en la zona desde hace más de un siglo.
El ministro subrayó que el Estado peruano está fortaleciendo su presencia en Santa Rosa mediante la instalación de servicios públicos, como la agencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para acercar los beneficios estatales a la población fronteriza.
Asimismo, Juan Alcántara hizo un llamado a la prudencia y a que las diferencias se resuelvan por la vía diplomática, resaltando el profesionalismo de la Cancillería peruana y respaldando la postura del Congreso, que ha rechazado las declaraciones de Petro como provocadoras.
Aseveró que Perú no ha afectado “ni un milímetro” del territorio colombiano y que el país está comprometido con una salida pacífica y legal a cualquier diferencia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
De otro lado, el ministro Juan Alcántara informó sobre la conformación de un equipo técnico entre su sector y la Cancillería para evaluar la posible salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudio que está en curso y no se considera una amenaza vacía.
También manifestó que el Ministerio de Justicia emitirá opinión favorable sobre el proyecto de ley de amnistía para policías y militares, aunque espera pronunciamientos de los ministerios de Interior y Defensa antes del 15 de agosto, fecha límite para su posible promulgación o observación.
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