(Fotos: Julio Reaño @photo.gec)
(Fotos: Julio Reaño @photo.gec)

La Municipalidad de Surco presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso contra la parlamentaria María Acuña, por presuntamente haber invadido un parque público del distrito y agredido a funcionarios municipales que intentaron recuperar el espacio.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El Comercio, se pide al presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, que admita a trámite la denuncia presentada contra Acuña.

Asimismo, el documento remarca la necesidad de que, tras el procedimiento correspondiente, se deba ejemplarmente” a María Acuña por presuntas “infracciones a sus deberes éticos” establecidas en el reglamento del Congreso.

Detalló que durante los operativos de recuperación de espacios públicos realizados los días 11 y 23 de octubre, un grupo de personas que se encontraba dentro del predio arrojó ladrillos contra los trabajadores municipales.

Por su parte, otras personas empujaron a los funcionarios municipales con el fin de obstaculizar la intervención, identificándose entre ellas a Elver Díaz Bravo (61), esposo de la congresista, lo que obligó a suspender las labores.

De igual manera, se señala que María Acuña continúa ejerciendo de hecho la posesión directa del terreno, propiedad de la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., de la cual la parlamentaria figura como titular.

Por tanto, si bien la titularidad formal del inmueble recae en una persona jurídica, específicamente en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la Congresista es quien habita dicho inmueble, es la poseedora inmediata del mismo y responsable del personal que la asiste en el predio; lo que hace atribuible a su esfera personal y ética las conductas observadas en torno a la ocupación indebida de un área pública, la resistencia a la actuación municipal y los actos de violencia ejercidos desde el inmueble contra funcionarios ediles en pleno cumplimiento de sus funciones”, señalan.

En ese sentido, el documento advierte que, si bien los actos de violencia no fueron cometidos directamente por la congresista, estos habrían sido perpetrados por sus dependientes o personas bajo su mando, quienes actuaron en defensa de su posesión y siguiendo sus indicaciones, “configurando una responsabilidad ética derivada de su condición de propietaria de hecho y autoridad pública”.

Por esta razón, la Municipalidad de Surco determina que la actuación de María Acuña transgrede, entre otros, los principios de integridad, honradez y bien común.

El comportamiento de la Congresista en la defensa de una posesión ilegal para beneficio propio vulnera claramente estos deberes”, agregan.

Solicitamos a Ud. Señor Presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, se sirva admitir a trámite la presente denuncia, y luego del procedimiento correspondiente, sancionar ejemplarmente las conductas que afectan el buen nombre de poder el Estado que Ud. Representa”, concluyen.

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