El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó de manera enfática el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, Dina Boluarte.
Según el Ejecutivo, la medida solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial constituye un exceso que atenta contra principios básicos de la Constitución.
En un pronunciamiento leído en nombre del Consejo de Ministros, Arana señaló que la fiscalía “se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, del estado de derecho y de la institucionalidad”.
Subrayó que este tipo de decisiones representan “errores jurídicos inaceptables” al recurrir a “figuras inexistentes en nuestro ordenamiento”, como el denominado “tercero vinculado”.
El primer ministro afirmó que “el derecho a la inviolabilidad de domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y por nuestro Código Penal, como en numerosos países”, y advirtió que cuando se vulnera dicho principio “afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas”.
Recordó que “el allanamiento como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble constituye una excepción a dicho derecho fundamental”.
En otro momento, calificó la intervención fiscal como “agraviante del orden constitucional” y alertó que con este tipo de procedimientos “se afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país”. A su vez, sostuvo que similares medidas adoptadas contra “ministros, políticos y ciudadanos” reflejan un “uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo afectación a derechos fundamentales amparados por la Constitución”.
Arana también relacionó la disposición judicial con la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre el artículo 117 de la Carta Magna.
“Luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones que solo buscan desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y a sus familias”, manifestó.
“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder”, puntualizó.
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