Hace un mes, el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) aseguró que el expresidente Pedro Castillo, procesado por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022, será candidato del mencionado partido en las Elecciones Generales 2026.
Si bien el exmandatario, que hoy se encuentra recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta un juicio, no está impedido de postular, su situación podría cambiar si el Congreso de la República aprueba inhabilitarlo para ejercer la función pública.
Pero, ¿qué falta para su sanción? El caso contra Castillo tiene pasos pendientes claves (ver infografía) que afrontar, pero que serán necesarios para llegar a una inhabilitación de 10 años.
Sin embargo, si el proceso no avanza más rápido, el expresidente podría estar habilitado para participar de las elecciones internas que se realizarán entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, periodo en el que los partidos políticos definirán a sus candidatos.
CAMINO
El 14 de enero de este año, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia contra el expresidente Castillo, la expremier Betssy Chávez, los exministros Willy Huerta (Interior), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Emilio Bobbio (Defensa).
De acuerdo con el documento, el exmandatario habría tenido una conducta dolosa y sistemática al quebrantar el orden democrático desde que inició su mandato.
Por ese motivo, el legislador solicitó que Castillo sea inhabilitado de la función pública por 10 años.
Sin embargo, recién el 9 de mayo de este año, la Subcomisión que en ese momento estaba a cargo de la congresista María Acuña (APP), dio cuenta de la denuncia y esta se admite a trámite para seguir su proceso regular.
El 4 de junio, la Comisión Permanente le otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión, como señala el Reglamento. Sin embargo, el caso se estancó.
Cuando Lay Camones (APP) llegó a la presidencia de la SAC, el proceso contra Castillo retomó su curso.
El 5 de septiembre, la denuncia se delegó a la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular, pero días después, ella daría marcha atrás debido a que es testigo en el juicio por golpe de Estado.
Fue en la sesión del 12 de septiembre que la denuncia fue delegada a la congresista Ana Zegarra (Somos Perú).
Fuentes de la bancada señalaron que la parlamentaria ya tiene la denuncia e inició los requerimientos necesarios para avanzar con la investigación. Sin embargo, la semana que transcurrió fue de representación, por lo tanto, se deberán esperar las próximas semanas para que pueda presentar un informe escrito a la presidencia de la SAC sobre los hechos.
Posteriormente se deberá convocar a una sesión para escuchar a todas las partes involucradas.
Estará en manos de la legisladora Zegarra la emisión de informe que recomienda o no inhabilitar al expresidente Castillo.
Si el documento recomienda sancionarlo, debe ser puesto a debate y votación en el mencionado grupo de trabajo.
Además, el documento debe ser puesto en consideración de la Comisión Permanente y del Pleno del Congreso para que una eventual inhabilitación sea efectiva.
De prosperar, Castillo Terrones no podría ser presentado como candidato para los próximos comicios.
ANÁLISIS
Al respecto, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, dijo que si bien la ciudadanía pide celeridad en denuncias de casos emblemáticos que contienen aspectos de carácter penal, se debe respetar el debido proceso y evitar acelerar una denuncia por tener carácter coyuntural.
Sin embargo, el experto señaló cuál es el tiempo promedio que deberían tardar en procesarse las denuncias desde su presentación hasta su llegada a la Comisión Permanente.
“La SAC debe garantizar los procesos, pero se calcula que con una aplicación de los plazos, esta se debería tardar entre dos meses a tres meses”, indicó.
En diálogo con Correo, Cevasco puntualizó que si bien debe respetarse el orden de ingreso de las denuncias, también debe existir un manejo discrecional del presidente de la Subcomisión para acelerar o no los casos.
“Hay que respetar la garantía del proceso para que después no invaliden los actos en la Comisión Permanente”, agregó.
EL JUICIO
Mientras una posible inhabilitación contra Castillo se cocina en el Congreso, el expresidente afronta en paralelo un juicio oral por el golpe de Estado.
Ayer por la mañana se realizó una nueva audiencia en el proceso que afronta el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Durante la sesión, los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema escucharon a los abogados de los acusados, quienes cuestionaron la posible desvinculación procesal que se podría dar en el juicio.
Es decir, los magistrados podrían condenar al expresidente Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, de esa manera, se apartarían de la imputación original de la Fiscalía.
La abogada de Manuel Lozada, exjefe de la Región Policial Lima, cuestionó que la Fiscalía no haya ofrecido pruebas para una desvinculación procesal.
Por su parte, Ricardo Hernández Medina, abogado público de Castillo, dijo que cuando asumió la defensa en el juicio, fue porque le informaron que el expresidente, supuestamente, se levantó en armas.
“Nosotros hemos hecho una defensa constante. Hemos reconocido que los hechos se encajan en una infracción constitucional, en ningún momento se ha debatido lo que se llama el delito de conspiración”, apuntó.
En ese sentido, el abogado de Castillo cuestionó que se intente sentenciar a su patrocinado con el delito de conspiración.
“En la sesión 40 dijimos que para la defensa (de Castillo), los documentos no representan más allá que un día común y corriente, que a partir de las 11:40 a.m., el presidente de la República realizó un acto improvisado, un acto personal de leer un mensaje a la nación sin apoyo de nadie”, agregó.
El juicio contra Castillo se retomará el martes 30 de setiembre, mientras que las otras sesiones están programas para los días 2, 7, 9 y 10 de octubre.
