La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió declarar infundado el recurso interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Ad Hoc que buscaba la suspensión temporal de la la recaudación de peajes a cargo de Lima Expresa S.A.C., concesionaria del proyecto Línea Amarilla, y designar a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE S.A.) como administradora judicial de la concesión.
De acuerdo con el fallo, no se presentaron pruebas suficientes que demuestren la existencia de beneficios ilícitos vigentes provenientes del cobro de los peajes, ni que sustenten la necesidad de una intervención judicial en la gestión del contrato de concesión.
La solicitud del Ministerio Público se sustentó en presuntas irregularidades vinculadas al reajuste de tarifas y al trato directo aplicado por la concesionaria, bajo la hipótesis del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. La Fiscalía sostuvo que contaba con informes periciales y auditorías que respaldaban su pedido.
No obstante, la sala determinó que dichos elementos no fueron evaluados de forma individual ni conjunta con el rigor que exige la ley.
“No basta enumerar los elementos de convicción, sino que debió realizar una motivación cualificada”, señala la resolución.
Asimismo, se advirtió que los informes presentados carecieron de sustento técnico oral y no fueron contrastados con peritajes independientes, lo que disminuyó su valor probatorio.
Los jueces también advirtieron que la suspensión del cobro de peajes habría provocado la quiebra de Lima Expresa S.A.C., al constituir esta su única fuente de ingresos, lo que además habría afectado directamente a sus trabajadores y al mantenimiento de la infraestructura vial.
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