El Poder Judicial solicitó a las autoridades de Estados Unidos la ampliación del proceso de extradición de Alejandro Toledo, con el objetivo de que pueda ser juzgado en el Perú por el caso ‘Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur’.
El juez Richard Concepción Carhuancho tomó esta decisión tras admitir el pedido del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, con el propósito de que se solicite a la justicia de Estados Unidos la autorización para que el expresidente sea juzgado en el Perú por dicho caso.
A través de una resolución emitida el pasado 24 de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado señala que la solicitud presentada por el Ministerio Público cumple con todos los requisitos exigidos: identifica de forma precisa al extraditable, detalla los hechos imputados, establece una calificación jurídica clara, señala la pena aplicable y presenta elementos de convicción suficientes.
Además, indica que no concurren causales de rechazo como delitos de naturaleza política, persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, ni la existencia de pena de muerte. También precisa que la acción penal no ha prescrito, se cumple con el principio de doble incriminación y no existe en el Perú un proceso penal pendiente por los mismos hechos que impida la extradición.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó remitir el expediente del caso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones.
Asimismo, el magistrado dispuso notificar su decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, para los fines correspondientes.
El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó una pena de 24 años y 8 meses de prisión para el exmandatario, a quien acusa por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado. Esta solicitud se da en el marco de un proceso penal en el que también se le impuso prisión preventiva por 30 meses.
La Fiscalía sostiene que el expresidente recibió un soborno por parte de la constructora brasileña Camargo Correa, con el propósito de favorecerla en la adjudicación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, se han identificado correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley que hacen referencia al soborno. Además, se han detectado depósitos en las cuentas de Josef Maiman provenientes de una empresa ‘off shore’ vinculada a compañías brasileñas.
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