El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría los tres reglamentos esenciales para la implementación del sistema bicameral a partir de las elecciones generales de 2026: el reglamento del nuevo Congreso bicameral, el de la Cámara de Diputados y el del Senado.
La iniciativa, sustentada en más de cien proyectos de ley, recibió un sólido respaldo con votaciones que superaron los 75 votos a favor en cada caso.
El reglamento del nuevo Congreso bicameral obtuvo 79 votos a favor, 20 votos en contra y 5 abstenciones. En tanto, el de la Cámara de Diputados 75 votos a favor, 17 votos en contra y 5 abstenciones. El de la Cámara de Senadores obtuvo 75 votos a favor, 20 votos en contra y 4 abstenciones.
La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien defendió la legitimidad del actual Congreso unicameral para aprobar los marcos normativos que harán posible el funcionamiento del futuro Parlamento bicameral.
Alegría explicó que los nuevos reglamentos se basan en la Ley de Reforma Constitucional N.° 31988 y presentan dos características principales: la asimetría funcional y la incongruencia electoral.
La asimetría funcional implica una clara división de roles: la Cámara de Diputados tendrá las funciones exclusivas de iniciativa legislativa y control político, mientras que el Senado se encargará de la revisión de leyes, el control normativo del Ejecutivo y la designación de altos funcionarios. Los nuevos reglamentos abarcan la organización interna, el desarrollo de competencias específicas de cada cámara, el estatuto parlamentario para regular los deberes y derechos de los senadores y diputados, y los procedimientos legislativos diferenciados.
Durante el debate, algunos congresistas expresaron críticas específicas. Ruth Luque (BDP) cuestionó la inclusión del principio de inviolabilidad del recinto parlamentario y la falta de cambios significativos en el ineficaz funcionamiento de la Comisión de Ética.
Por su parte, Silvana Robles (BS) denunció la “decisión política inaceptable” de eliminar la Comisión de Pueblos Andinos, afectando la visibilidad de los derechos de los pueblos originarios.
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