El parlamentario Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso de la República, por el presunto uso indebido de una cámara institucional del Parlamento durante un mitin político de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, llevado a cabo en Trujillo el 30 de octubre de 2025.
La denuncia fue remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y señala que Rospigliosi habría vulnerado diversos artículos de la Constitución, además de incurrir en el delito de uso ilegal de bienes del Estado, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. El documento solicita el inicio de una investigación, se formulen los cargos correspondientes y se remitan los actuados al Ministerio Público.
El hecho que dio origen a la denuncia es el presunto uso de equipos del Congreso —entre ellos, una cámara de video y equipo de transmisión— durante un evento político realizado en Huanchaco, Trujillo.
El acto formó parte del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori. En las imágenes difundidas por medios locales, como Sol TV, se aprecia una cámara con un adhesivo oficial que señala: “Congreso de la República – registro secuencial 25459 – inventario físico general 2024”.
Este elemento ha sido presentado como prueba de que se habrían utilizado recursos públicos con fines proselitistas. Asimismo, se menciona como sustento la Resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE del Jurado Electoral Especial (JEE), que abrió un procedimiento contra Rospigliosi por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral.
El legislador denunciante argumenta que el presidente del Congreso vulneró los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución Política del Perú, los cuales establecen el deber de los funcionarios públicos de actuar en favor del interés nacional, cumplir la ley y resguardar los bienes del Estado. Además, sostiene que el uso del equipo institucional habría transgredido el principio implícito de neutralidad electoral.
La denuncia plantea que Rospigliosi tendría responsabilidad por acción, en caso de haber autorizado el uso del equipo, o por omisión, si no adoptó medidas para evitarlo. Se subraya que la salida de bienes patrimoniales del Congreso debe realizarse mediante un procedimiento administrativo sujeto a la supervisión directa del presidente de dicha institución.
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