Cerca del megapuerto de Chancay, los pescadores artesanales trabajan en condiciones precarias debido a que el desembarcadero pesquero, casi terminado tras una inversión de más de 16 millones de soles, sigue cerrado y sin uso.
El Consorcio Chancay, encargado de la construcción, debía concluir la obra en agosto de 2023, pero los retrasos llevaron a que FONDEPES resolviera el contrato en octubre de 2024, cuando el avance era del 98%. Desde entonces, el caso se ha convertido en un arbitraje entre el consorcio y el Estado.
Un informe de Punto Final reveló que Raúl Jaén Santiváñez, representante legal del consorcio y dueño de una de las empresas que lo integran, es primo hermano del exministro del Interior Juan José Santiváñez.
Jaén sostiene que el retraso se debió a deficiencias en el expediente técnico de FONDEPES y falta de socialización con los pescadores, lo que provocó paralizaciones. Aunque niega cualquier beneficio indebido por su vínculo familiar, registros oficiales muestran frecuentes visitas al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Producción en fechas clave del conflicto.
De acuerdo a Punto Final, a pesar del arbitraje, la empresa de Jaén ha seguido contratando con el Estado en 2025, firmando nuevos acuerdos con la Marina de Guerra por sumas significativas, argumentando que se logró a través de sorteos públicos y sin favorecimientos.
Mientras el proceso legal avanza, los pescadores de Chancay siguen laborando en condiciones insalubres y demandando la habilitación del desembarcadero.
Desde asociaciones y autoridades locales, la frustración es unánime por una obra casi concluida e inútil para la comunidad. FONDEPES sostiene que el contrato fue resuelto por incumplimiento del consorcio y ha anunciado nuevas licitaciones, aunque ya van varias fechas incumplidas para su inauguración.
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