En los últimos años se ha evidenciado un patrón en el Perú: personas que acudieron a reunirse con congresistas, ministros y directores de entidades estatales, tiempo después resultaron favorecidas con contratos y órdenes de servicio en el Estado.
Una práctica que, lejos de frenarse, parece mantenerse en la actual gestión.
De acuerdo con información a la que accedió Correo, un nuevo caso apunta al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Su director ejecutivo, Alain Dongo Quintana, amigo cercano de la presidenta Dina Boluarte, recibió en su oficina a Susan Alissa Durand Paz, días después, la joven fue beneficiada con una orden de servicios de 33 mil soles en dicha institución.
Dongo no es un nombre nuevo para los medios, porque abril del 2024, mientras se desempeñaba como funcionario de la PCM tuvo que renunciar luego de que se revelara que al menos cinco servidoras públicas lo denunciaron por hostigamiento sexual.
CITA
El Pronatel es una entidad que tiene como tarea promover el acceso y el uso de servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para los pobladores rurales, evaluar proyectos de inversión y supervisar su correcta ejecución, para así contribuir a la reducción de la brecha digital.
Dicha entidad recibió en su sede a la abogada Susan Alissa Durand el 29 de abril, día en que sostuvo una reunión en el piso 14 con Alain Dongo, la máxima autoridad del Pronatel.
El 7 de mayo, es decir, una semana después, Dongo envió un documento a la Oficina de Administración para solicitar la contratación de un locador de servicios para su dirección por tres meses.
Según documentos a los que accedió este diario, pidió un locador para el servicio de coordinación en gestión estratégica institucional y cooperación técnica para la Dirección Ejecutiva del Pronatel, por un plazo de 90 días.
A pesar de no haber brindado servicios con anterioridad al Pronatel o entidades afines, Durand recibió un correo de parte de Nohely Uchofen, personal de Abastecimiento del Pronatel, donde se le informaba que se necesitaba contratar un servicio.
En el correo le comparten los detalles y le solicitan el envío de una cotización.
El 9 de mayo, Durand envió un correo a Nohely Uchofen, personal de Abastecimiento del Pronatel, con su cotización para el servicio.
Finalmente, el 13 de mayo se emite su orden de servicios por 33 mil soles.
Durand ya cobró el dinero de su primer servicios. Sin embargo, en el camino sorteó algunos obstáculos.
Por ejemplo, a mediados de agosto, el Área de Gestión de Finanzas observó los informes que entregó Durand.
De acuerdo con el documento, ella no cumplió con dos de las actividades que le encargados en los tres meses de servicios.
¿Cómo superó esta etapa? Alain Dongo envió un oficio el 22 de agosto para informar que su dirección dio la conformidad de las tareas.
PERFIL
Una de las actividades que debe realizar Durand en el Pronatel, según los términos de referencia de su primer contrato, es la identificación y análisis comparado de intervenciones en materia de conectividad rural a nivel regional y mundial, a fin de identificar buenas prácticas que sirvan de insumo para completar procesos internos de la institución.
También debe coordinar reuniones con titulares de instituciones públicas y privadas, hacer seguimiento a los proyectos en materia de telecomunicaciones, entre otros aspectos.
¿Durand puede desempeñar las tareas antes descritas? De acuerdo con su hoja de vida, es una abogada con maestría en derecho constitucional que trabajó en el pasado como asistente de procuraduría en la Municipalidad de San Juan de Miraflores (2016-2017), como asistente de un estudio jurídico (2017-2019), como técnica en el Congreso (2019-2020), en la Procuraduría Pública del Poder Judicial (2022) y recientemente en el Instituto de Comunicación Política y Gobierno como consultora (2024).
REPITE EL PLATO
El 13 de agosto, cuando el contrato de Durand terminó, el director ejecutivo Alain Dongo solicitó la contratación de un locador, pero esta vez, para que ofrezca un servicio especializado en políticas institucionales, protocolo y coordinación de imagen institucional por 90 días.
Aunque esta vez, la renovación ya no sería de 33 mil soles, sino de 36 mil soles, es decir, recibiría 12 mil soles al mes.
Las tareas esta vez serían acciones como supervisar la elaboración y el uso de banners, comunicados, entre otros, para “garantizar el cumplimiento del manual de identidad visual del Pronatel”; participar en actividades oficiales para garantizar la aplicación adecuada de procedimientos protocolares, entre otros.
Entre los requisitos para el contrato piden una experiencia específica de cuatro años en el sector público o privado, en actividades en comunicaciones o “en asuntos legales”.
Llama la atención que para la contratación, se necesite a una persona que tenga al menos 40 horas en capacitaciones en temas de argumentación jurídica, procesal constitucional convencional y/o gestión pública y/o constitucional y procesal constitucional.
Un detalle que calza a la perfección con el currículum vitae de la abogada que visitó a Alain Dongo.
ANÁLISIS
Para la abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruíz, el caso antes explicado demuestra una situación de privilegio.
“Si esa visita estuviera pauteada dentro de lo que es un proceso de selección de un potencial recurso humano, esta entrevista debería estar en un proceso regular y no estas visitas que luego aparecen, coincidentemente, con órdenes de servicios”, explicó.
En diálogo con Correo, la abogada Ruíz calificó de “irregular” la situación.
“Eso es el no fomento a las competencias, es una falta de transparencia porque si realmente los funcionarios quisieran hacer las cosas mejor, tratarían de entrevistar a tres recursos humanos y puedan prestar los servicios los más competentes”, apuntó.
Por su parte, Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, dijo que cuando una persona visita a un funcionario y luego obtiene un contrato, lo que hace pensar es que esa autoridad brindó información privilegiada para ganar el contrato, pero sobre todo, se podría decir que hay indicios de que “se inventa una necesidad” para favorecer a una persona.
“Podríamos estar hablando del delito de negociación incompatible, es decir, cuando un funcionario se interesa en contratar a una persona aunque esta no sea necesaria para la institución”, indicó.
“Si recibe de esa persona algún tipo de donación, regalo o incluso un favor sentimental, estamos hablando de un delito adicional, que es colusión”, agregó.
Dongo respondió a través del equipo de imagen institucional que el vínculo que lo une con Durand Paz es estrictamente profesional y que la conoció este año, en ese mismo ámbito.
Se le pidieron más detalles a raíz de la contratación luego de la visita en su despacho, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
También nos contactamos con Durand, pero no contestó a las llamadas ni los mensajes.
Fuentes de Correo indicaron que la Fiscalía ya está al tanto del caso y requirió que el Pronatel le envíe la documentación al respecto.
