Desde su arresto, tras su fracasado golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo ha recibido el respaldo de algunos gobiernos de países vecinos como México y Colombia, con los que tiene evidente afinidad ideológica.
Al brindar su apoyo, estos regímenes no solo buscan negar que Castillo Terrones ordenó la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia–, también se inmiscuyen en asuntos internos de otro Estado, en este caso el peruano.
Estos intentos de victimizar a Castillo han merecido la firme respuesta del Gobierno peruano, que ha precisado que el exmandatario no es un “perseguido político”.
ASILO
Uno de los gobiernos que ha dado su abierto apoyo al vacado exjefe de Estado es el de México, que no solo ha otorgado asilo político a la familia de Pedro Castillo, también ha convertido su caso en un factor que afecta nuestras relaciones bilaterales.
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó tras el frustrado golpe de Estado que Castillo fue “víctima de un golpe blando” en el que participaron medios de comunicación y las “élites económicas y políticas”.
Hasta el término de su mandato en octubre de 2024, López Obrador no perdió la oportunidad de criticar al nuevo gobierno peruano y abogar por la liberación del exmandatario peruano.
El posterior gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum ha seguido la misma línea y, desde que asumió el mandato en octubre pasado, ha mostrado sus respaldo al vacado ex jefe de Estado, hoy procesado por el delito de rebelión por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, caso que podría culminar con una sentencia condenatoria antes de fin de año o a inicios del próximo, según estimados.
RECHAZO
El viernes pasado, la presidenta de México informó que se ha reunido con Guido Croxatto, abogado argentino de Pedro Castillo, y que la situación del exgobernante peruano es “un grave precedente de persecución política y discrimicación”.
Frente a estas afirmaciones, nuestro Gobierno, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su “rechazo absoluto”.
“El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum”, enfatizó.
Añadió que el exmandatario cometió el 7 de diciembre de 2022 el “flagrante quiebre del orden constitucional”, al anunciar la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.
En un comunicado difundido ayer, la Cancillería sostuvo que las declaraciones de la mandataria de México “violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.
QUIEBRE
Incluso, la jefa de Estado de México demandó que en este caso intervenga la Organización de las Naciones Unidas.
Sheinbaum solicitó a dicha organización multilateral “actuar con decisión”, afirmando que “la libertad de Castillo es también la defensa de la democracia”.
Tales expresiones de la mandataria mexicana motivaron la respuesta inmediata de nuestra Cancillería.
“Estos hechos constituyeron un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería peruana también manifestó su extrañeza en vista que, con sus afirmaciones, la mandataria mexicana pretenda desconocer que el secretario general de las Naciones Unidas, condenó el 8 de diciembre de 2022 el intento de subvertir el orden democrático en nuestro país y llamó a respetar el estado de derecho.
INJERENCIA
En opinión del excanciller Miguel Rodríguez Mackay, la presidenta de México vuelve, con sus declaraciones, a introducirse en el derecho interno y la judicialidad peruana, tal como lo hizo su predecesor el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es una evidente trasgresión del principio de no intervención y es una injerencia política de la mandataria de México, que colude con las buenas relaciones entre Perú y México, que tampoco están en el nivel esperado”, manifestó.
Señaló que el exmandatario peruano cometió una ruptura del régimen democrático, que es un acto muy grave.
Desde su punto de vista la ruptura del régimen democrático es de una intensidad delictiva jurídica política que no solamente se mira desde el frente del derecho interno, sino del derecho internacional. “En consecuencia ir a las Naciones Unidas para invocar que Pedro Castillo es un perseguido político es ir a un ámbito como en saco roto”, aseveró.
Sostuvo que la mandataria mexicana desconoce la realidad de la ruptura del régimen democrático que cometió Castillo con la lectura de sus instrucciones y la comunicación de su voluntad expresa al pueblo peruano.
“Lo que hizo fue tirar al suelo la Constitución Política y generar una ruptura del régimen democrático, es decir no solamente es un asunto de la punibilidad peruana con el código penal sino es más grave porque se trata de la carta democrática interamericana”, aseveró.
También señaló estar de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en sintonía con lo que se ha venido diciendo en el sentido de que Pedro Castillo cometió una ruptura del régimen democrático o del orden constitucional.
A pesar de tales hechos, el gobierno mexicano expresó su apoyo a Castillo, motivo por el cual el gobierno peruano dispuso la expulsión del embajador de dicho país, como dimos cuenta en nuestra portada del 21 de diciembre de 2022.
AGRADECE
Por su parte, Pedro Castillo, a través de su red social X, agradeció las expresiones de apoyo de la mandataria mexicana y “por acompañar la causa del pueblo peruano”.
“No se trata solo de un caso personal, sino de la persecución contra la voluntad popular que eligió a mi gobierno para darle un rumbo distinto a mi patria y que fue interrumpido con mi detención y vacancia inconstitucionales”, señaló.
Tales afirmaciones van en sintonía con la actitud de Castillo quien en repetidas ocasiones ha señalado su “rechazo” al proceso penal en su contra.
