Restricción de información penal afecta democracia y procesos electorales, advierte penalista Roberto Pereira.
Restricción de información penal afecta democracia y procesos electorales, advierte penalista Roberto Pereira.

El abogado penalista Roberto Pereira calificó como inconstitucional la resolución que declara reservada toda la información vinculada a denuncias penales. Según explicó, la medida vulnera el derecho de acceso a la información pública, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha justificado de manera adecuada el supuesto daño que generaría su difusión.

Como se sabe, la PNP decidió declarar reservada por cinco años toda la información de denuncias registrada en el Sistema de Denuncias Policiales y en el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal.

Al respecto, Roberto Pereira señaló en Canal N que solo puede clasificarse información como reservada cuando su publicación implique un daño inminente, grave o irreparable. Sin embargo, la disposición es amplia y general, pues abarca cualquier denuncia sin distinguir entre casos que requieren protección y aquellos de interés ciudadano.

El especialista advirtió que esta norma limita la transparencia en procesos electorales, al impedir conocer antecedentes de candidatos, y afecta el acceso a datos necesarios en el ámbito privado, como estadísticas, transacciones o contrataciones. Subrayó que es “inconstitucional declarar reservadas todas las denuncias penales”.

Asimismo, criticó la “cultura del secretismo” en el Estado, recordando que en el pasado la Policía llegó a comercializar información. Por ello, sostuvo que el verdadero reto es fortalecer los mecanismos de control y garantizar un uso responsable de los datos públicos, en lugar de restringirlos indiscriminadamente.

Finalmente, Pereira indicó que la resolución podría ser cuestionada mediante una acción popular, dado que es una norma infralegal. Si bien reconoció que existen casos donde la reserva es necesaria -como en la protección de menores, víctimas de violencia sexual o investigaciones en curso-, subrayó que no es justificable aplicarla de forma absoluta a todas las denuncias durante cinco años.

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