La abogada penalista Romy Chang analiza los juicios orales en curso, y con sentencias inminentes, de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Remarca que en el tipo penal de conspiración para rebelión la norma no requiere el éxito de la operación.
¿Qué piensa del enfoque jurídico de la Fiscalía contra Pedro Castillo: conspiración para rebelión?
Es un tema en discusión. Para un sector de la doctrina, la rebelión requiere alzarse en armas. Y, en el caso del señor Castillo se dice que no se habría, técnicamente, alzado en armas porque no hay, nunca, un arma. Pero otro sector de la doctrina dice que este delito se tiene que interpretar de una manera flexible, conforme, un poco, a la realidad contemporánea (...). Entonces, no existe, propiamente, que se haya alzado en armas. Va a depender mucho de la interpretación de los jueces.
La defensa de Castillo señala que no hubo rebelión puesto que no hubo alzamiento en armas; y tampoco el Congreso fue cerrado...
Pero se están olvidando que en este tipo penal no se exige el resultado. O sea, no se requiere el éxito de la conspiración para rebelión para poder hablar de un delito. No se requiere que, efectivamente, se haya dado un golpe de Estado.
La Fiscalía ha propuesto 34 años de prisión para Castillo ¿le parece proporcional al tipo penal o ve alguna exageración?
Me parece que, además del delito de conspiración para rebelión, hay otros tipos penales en el proceso como el de abuso de autoridad. Hay que recordar que en el Perú las penas se suman hasta el tope de 35 años. Recuerde que es un atentado contra el orden constitucional. Eso no es poca cosa.
Castillo ha optado por una defensa claramente política. ¿Esto lo podría beneficiar de alguna manera en un escenario exterior futuro?
Yo, la verdad, no la veo como la mejor estrategia. En el caso de la señora Betssy Chávez, que todo el tiempo ha estado pensando en el asilo, obviamente ha sido acertado remarcar su caso como un tema político. Pero en el caso del señor Castillo, no funciona porque él está detenido. Su opción de pedir asilo ha sido nula. Hubiera sido más eficaz si hubiera hecho una defensa jurídica porque, finalmente, el Poder Judicial resuelve sobre consideraciones jurídicas, no políticas.
¿Considera que el trabajo de la Fiscalía es más sólido en el caso de Martín Vizcarra que en el de Castillo?
Creo que en el caso de Vizcarra hay muchos más elementos. El trabajo de la Fiscalía ha sido mucho más sólido. Entiendo que hay una serie de elementos que sí podrían demostrar que hubo pagos indebidos: en pocas palabras, coimas, ¿no?. Los gerentes de las empresas involucradas atestiguan que sí habrían ocurrido estos movimientos bancarios, trasferencias de dinero. También registros de llamadas a una de las empresas; coordinaciones con uno de los gerentes, cheques que habrían sido girados por los montos que, coincidentemente, calzan con las supuestas entregas de dinero; declaraciones de varias personas que indican que vieron al señor Vizcarra reunirse con representantes de las empresas; personas que dicen haberle entregado al gobernador, personalmente, dinero. Hay una serie de elementos. La pregunta es que si es que lo van a condenar en primera instancia, se le apresa de manera inmediata o se suspende la ejecución hasta que resuelva en una segunda instancia porque, obviamente, si lo condenan, Vizcarra va a apelar.
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Vizcarra y 34 años para Castillo, ¿puede comentar esta diferencia radical?
Es por el tipo penal. Al señor Vizcarra lo están procesando por un tema de corrupción. Son temas distintos a los de Castillo (contra el orden constitucional). Por el tema de Hospital de Moquegua, la Fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel y por el caso Lomas de Ilo, ha pedido 6, en total, 15 años. Hay varias otras consideraciones como que Vizcarra no tenía antecedentes.
De otro lado, ¿una condena contra Betssy Chávez dañaría su situación de asilada o la favorecería?
Son dos temas que corren de manera separada. Sea que la condenen o absuelvan, ella, igual, tiene el asilo. (...) El asilo es una cuestión política. Ya ha sido concedido. Acá lo que esta pendiente es el tema del salvoconducto.
- 13 de noviembre de 2025, la Fiscalía expuso su alegato final contra Vizcarra.
- 8 meses de audiencia se vienen cumpliendo en el Caso “Golpe de Estado”.
ROMY CHANG
ABOGADA
DOCENTE UNIVERSITARIA
Abogada penalista. Directora de la maestría de Derecho Penal de la PUCP. Socia de Padilla & Chang Abogados. Docente en la PUCP y representante de los profesores ante la Asamblea Universitaria.
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