Los juzgados o salas constitucionales de la Corte de Lima vienen jugando un papel predominante por estos días. Más de uno de sus fallos está sujeto a un severo escrutinio tras resolver conflictos, pues está generando enfrentamientos entre instituciones u otras figuras políticas con sus polémicas decisiones.
Desobediencia
El caso más resaltante lo protagonizan el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jueces Ordoñez Alcántara, Tapia Gonzáles y Cueva Chauca, de la Primera Sala Constitucional.
Los magistrados se negaron a acatar la decisión del TC, emitida a inicios de este mes, que ordena suspender el proceso judicial que definirá la inscripción provisional del partido político Unidad Popular (UP), liderado por el ex juez supremo Duberlí Rodríguez.
Los jueces aseguran que ninguna entidad “puede interferir en la tramitación” de causas pendientes en órgano jurisdiccional y que incluso el TC ha sentado precedente en relación a ello.
Los constitucionalistas Domingo García Belaunde y Luis Roel Alva, sin embargo, señalaron lo contrario a Correo. El primero de ellos consideró que los jueces han incurrido en “intromisión, interferencia e ignorancia”.
“Ellos alegan que se viola la autonomía e independencia del PJ, pero esos son cuentos. Cuando se creó el TC hace 40 años se hizo, justamente, para enmendar los errores del PJ. Así de simple”, indicó García Belaunde. En ese sentido, consideró que “tienen un falso sentido de independencia”.
“No deberían estar desacatando al Tribunal Constitucional que está por encima de ellos (…) Los jueces están desbordados. En materia constitucional, están en ayunas. No entienden el problema: está permitido interrumpir un proceso judicial, en caso de emergencias, por una medida constitucional, más aún si sale del TC”, añadió.
Roel Alva, por su parte, consideró que “los jueces están aprovechando que la Constitución y el Código Procesal Constitucional no han establecido una forma de que el TC pueda supervisar sus sentencias en ese extremo”.
“Aprovechándose de eso, los jueces han desacatado el cumplimiento de la medida cautelar y lo único que le quedaría al JNE es tratar de impulsar que lo más pronto posible el TC resuelva la causa”, apuntó. Añadió que “frente al desacato de una institución como el PJ, el TC tendría que apresurarse a resolver la causa y, eventualmente, llamar la atención a los jueces”.
“Se puede derivar el caso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al órgano de control interno y al Ministerio Público para que esto sirva como una lección clara de que los jueces no pueden rehusarse a cumplir las decisiones del TC, sean cautelares o sean decisiones finales”, indicó.
Críticas
Otras decisiones en el ámbito judicial constitucional, que han generado cuestionamientos, son los adoptados en los casos de Delia Espinoza y la JNJ, y un recurso formulado por la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ayer, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima otorgó dos días, tras la notificación de la medida, para que se cumpla con su resolución previa y se reponga a Espinoza como fiscal de la Nación. La orden fue dirigida a la JNJ, quien suspendió por seis meses a la fiscal a fines de septiembre.
Antes de emitirse la suspensión, incluso, ya se tenía agendada una audiencia de apelación: Espinoza intentaba, por segunda vez, que se le brinde una medida cautelar para evitar sanciones al no acatar una decisión de la JNJ que restituía a Patricia Benavides como fiscal suprema.
Al respecto, Roel Alva consideró que “estos juzgados o salas, lamentablemente, están teniendo muchos problemas de argumentación o motivación” al emitir sus fallos. Sin embargo, remarcó que deben cumplirse las decisiones judiciales y “será el procurador de la JNJ, o los procuradores de las instituciones quienes tengan que llevar los caso ante los órganos correspondientes”.
Mientras tanto, el 22 de diciembre se llevará a cabo una importante audiencia a cargo del juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional.
El magistrado admitió a trámite, según obliga la norma, la demanda de amparo del IDL que buscar anular el último proceso de selección de miembros de la JNJ y llevar a cabo uno nuevo
La ONG alude “vicios e irregularidades” por parte del demandado: la Comisión de Selección a cargo de la Defensoría del Pueblo. Además, indica que dos de sus entonces postulantes fueron elegidos pese a que “tenían y tienen sentencias judiciales”.
Más casos
Por otro lado, el caso del ex primer ministro de Martín Vizcarra, Salvador del Solar, también suscita interés.
La Primera Sala Constitucional de Lima, con los jueces Luciano Cueva Chauca, Andrés Tapia Gonzáles y Oswaldo Ordoñez declararon fundada, en parte, una demanda de amparo a su favor.
Así, declararon la nulidad de todo el proceso parlamentario de juicio político. El caso surgió cuando, en su gestión, del Solar “planteó cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del TC, sin que esta hubiera sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros”.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley”, alegaba el Parlamento.
La sala declaró la nulidad debido a que había vencido el plazo (20 de septiembre del 2024) para continuar con el procedimiento. Sin embargo, el 30 de abril del 2025, el Congreso ya había declarado dicha caducidad. Subsistía, sin embargo, un pedido de reconsideración del congresista Jorge Montoya.
Otro caso resaltante es el del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato y líder de las fiscalías de lavado de activos.
En octubre del 2023, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) lo suspendió preventivamente por ocho meses y quince días. Ello tras atribuirle un comportamiento o declaraciones no adecuadas en el marco del Caso Cócteles.
La jueza Sonia Torre Muñoz presentó una queja en mayo del 2020 por “expresiones impropias y ofensivas”. Según el documento revisado por Correo en aquel entonces, Vela sostuvo sobre las actuaciones de los magistrados lo siguiente: “La decisión de liberarla (a Fujimori) ya estaba tomada antes de la audiencia”, “se buscó la excarcelación de Keiko Fujimori a todo trámite y en el menor tiempo posible”, entre otros.
Luego que la jueza constitucional Ana Osorio rechazara un pedido del fiscal contra su suspensión al considerar que no era el ámbito constitucional donde debía evaluarse, su colega Juan Carlos Núñez admitió a trámite dos recursos de apelación.
Así, la Primera Sala Constitucional concede, finalmente, lo deseado por el funcionario: deja sin efecto la suspensión en marzo del 2024. En diciembre del mismo año, el Noveno Juzgado Constitucional declaró nulo todo el proceso en la ANC-MP y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.
