Por fin se ha iniciado el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presunto lavado de activos, colusión y otros cuatro delitos por aparentes aportes de más de 11 millones de dólares a sus campañas del “No” a la Revocatoria (2013) y su reelección en el cargo (2014).
La sesión, que continúa hoy, se inició a las 9:00 a.m. Tanto a su llegada a la sede judicial como horas antes de la audiencia, Villarán brindó diversas declaraciones a los medios de comunicación. En ellas, ratificó que conocía de los aportes, pero que no gestionó los montos. La tesis fiscal, sin embargo, apunta a todo lo contrario.
LA RUTA
“Las campañas municipales y regionales del 2014 sí fueron lideradas por mí, pero yo estaba haciendo las campañas. Yo no me he encargado del dinero”, sostuvo ayer la exburgomaestre en diálogo con RPP. La imputación del fiscal José Domingo Pérez, en tanto, detalla otro escenario.
Para ello, precisa en su hipótesis los roles que cumplieron el exgerente de Seguridad Ciudadana, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde; y el exgerente municipal, hoy fallecido, José Miguel Castro.
El primero tuvo el papel de “jefe del área de administración de los activos ilícitos”, es decir, “se encargaba de recepcionar, administrar y distribuir los activos ilícitos provenientes de las empresas Odebrecht y OAS”. Castro, en cambio, tenía un rol predominante: habría desempeñado el rol de “jefe” de la presunta red delictiva.
“La líder de la organización criminal Susana Villarán de la Puente, ordenó al imputado José Miguel Castro (…) la ejecución de los actos de recolección por una suma de S/13 401 900 soles, activos maculados obtenidos de la perpetración de actos de corrupción; cuyo origen ilícito conocía”, sostiene la Fiscalía.
Castro, a su vez, “instrumentalizó” a la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., a través de su gerente general César Meiggs Rojas, para dicho propósito.
Este último, al tener “a su disposición” los activos maculados, “realizó actos de conversión” por una suma de S/12 212 518. Para ello, se giraron 65 cheques “con cargo a su cuenta corriente personal (…) por la suma de S/12 212.518 (64 cheques a terceros proveedores ficticios y un cheque directamente a César Simón Meiggs Rojas la suma total de S/98 414)“.
“Acto seguido, dicho dinero fue transferido por proveedores ficticios de materiales de construcción, quienes al tener girado los 65 cheques, endosaron los mismos a la cuenta del imputado Meiggs Rojas, gerente general de las empresas Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., ingresando a la cuenta personal en el BBVA, un monto total de S/11 875 038.42 soles”, precisó la Fiscalía.
Así, del monto ya consignado en su cuenta bancaria, Meiggs, nuevamente por orden de Castro, entregó a Luis Gómez Cornejo Rotalde S/1 500.000. Dicho personaje reunió este monto junto con otro entregado por Felicita Graciela Cárdenas Vásquez (S/1 500.000).
De esta manera, con un total de S/3 537 586 se realizaron los siguientes “actos de ocultamiento” vinculados directamente a Villarán de la Puente: el abono de S/240 000 a las cuentas de la Asociación Ciudadanos por Lima; una transferencia bancaria a la cuenta personal de Susana Villarán, en el banco BBVA, de S/17 106; y el pago del alquiler de la oficina personal de la entonces alcaldesa, ubicado en la calle Estados Unidos en Jesús María, por un monto de S/156 000, entre otros.
COMPROMETIDAS
Son tres las constructoras implicadas en este caso: Odebrecht, OAS y Graña y Montero. “Ellos querían estabilidad jurídica. No querían lo que están viviendo ahora. Han (desistido de) contratos, hay arbitrajes internacionales por millones que lamentablemente está perdiendo la ciudad. Eso me apena inmensamente”, indicó Villarán a RPP.
En relación a Odebrecht (hoy Novonor), se sostiene que la comuna firmó el Proyecto Vías Nuevas de Lima (conocido como Rutas de Lima) en enero de 2013 pese a no solicitarse, de forma previa, la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras irregularidades. En esa línea, la supuesta concertación tuvo como incentivo la solicitud y posterior entrega de $3 000 000 para financiar la Campaña del No a la Revocatoria.
Asimismo, José Miguel Castro habría solicitado $3 000 000 a OAS con el propósito de financiar la misma campaña. A cambio, indica la Fiscalía, se amplió el plazo de concesión del Proyecto Línea Amarilla, de 30 a 40 años; se introdujo la figura “Eventos Especiales”, que habría permitido solicitar el reconocimiento de gastos por aproximadamente $142 millones, pagados mediante el aumento de la tarifa de peaje, entre otros.
Además, sobre OAS se postula que entregó hasta $100 000 para cubrir gastos de publicidad a cambio de un contrato de concesión (Proyecto Vía Expresa Sur) sin contar con la opinión previa del MEF, entre otros.
La sala encargada de evaluar dichos elementos, comprendidos junto a otros en un auto de enjuiciamiento de 1953 páginas, será el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. La suerte de la exfuncionaria edil estará en manos de los jueces Nayko Coronado, Wilmer Quispe y Max Vengoa. Los dos primeros integraron la sala que, en abril último, condenó al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia.
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