TC admite demanda de la Defensoría del Pueblo contra ley de amnistía para militares y policías. Foto: Andina/ Referencial.
TC admite demanda de la Defensoría del Pueblo contra ley de amnistía para militares y policías. Foto: Andina/ Referencial.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso, que beneficia a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa investigados, procesados o condenados por delitos cometidos durante entre 1980 y 2000.

El órgano constitucional precisó que la acción interpuesta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo), lo que permitió su admisión formal. En su resolución, el TC dispuso que el Congreso de la República sea notificado para responder la demanda.

“En tal sentido, y estando a lo dispuesto al artículo 105, inciso 1, del NCPCo, corresponde emplazar al Congreso de la República para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, señaló el Tribunal.

La demanda fue presentada contra el entonces presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), y contra el procurador del Legislativo, Manuel Peña Tavera.

En el documento, la Defensoría del Pueblo solicita que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma por considerar que vulnera los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación.

“De hecho el título del proyecto de ley señala ‘Ley que concede amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y funcionarios del Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo’”, indica el texto.

“Sin embargo, el artículo 2 proponía conceder la amnistía a personas que han sido condenadas por delitos derivados de la lucha contra el terrorismo”, agrega la demanda.

El documento también advierte que esta “incongruencia” evidencia la falta de justificación de la denominada “amnistía humanitaria”, orientada a beneficiar a personas mayores condenadas por delitos vinculados al terrorismo.

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