Sigue burlándose de la justicia. Vladimir Cerrón, inubicable desde hace dos años tras múltiples operativos policiales fallidos, suma al menos once actividades o interacciones desde la clandestinidad que ponen en entredicho el trabajo de la PNP —o confirman el apoyo del Gobierno a la entidad— para ubicarlo.
Cerrón cumplió dos años como prófugo de la justicia el último 6 de octubre pero sigue burlándose del sistema judicial y de la Policía Nacional con su dinámica de actos públicos pese a una larga cadena de procesos fiscales y judiciales.
EN DETALLE
El exgobernador regional de Junín pasó a la clandestinidad el 6 de octubre de 2023 tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión por el Caso Aeródromo Wanka. Desde entonces, su historial judicial ha sumado múltiples disposiciones. El 18 de diciembre de ese año, un juzgado dictó una medida de prisión preventiva de 36 meses por presunto lavado de activos y organización criminal en el Caso Dinámicos del Centro. Sin embargo, en enero del 2024 esta sanción se redujo a 24 meses.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena por el Caso Aeródromo Wanka y dispuso una revisión adicional. En marzo del 2025, la Corte Suprema lo absolvió del mismo proceso y el TC anuló la condena del Caso La Oroya.
La defensa de Cerrón buscó, en junio, la variación de la prisión preventiva vigente por presunto lavado de activos; sin embargo, tanto el juzgado como la sala superior se la negaron. El 24 de septiembre de 2025, un nuevo hábeas corpus fue rechazado, manteniéndose la medida vigente.
CLANDESTINO
Desde el 6 de octubre de 2023, Vladimir Cerrón ha sostenido una intensa agenda de actividades públicas y virtuales, a pesar de permanecer prófugo y bajo una orden de prisión preventiva. Las apariciones del exgobernador regional de Junín evidencian la crisis de legitimidad y eficacia que enfrenta la Policía Nacional (PNP) tras nueve operativos fallidos por capturarlo y el incremento de la recompensa por su paradero.
En enero de 2024, Cerrón brindó una entrevista a Correo Huancayo. Meses después, en julio, realizó una transmisión en vivo a través de la red social TikTok. Allí, interactuó con sus simpatizantes y realizó proclamas políticas durante más de una hora.
El 14 de agosto, participó de manera virtual en la asamblea del Comité Ejecutivo Nacional del partido, evento en Zoom y redes sociales partidarias donde compartió el espacio con su hermano Waldemar Cerrón y otros congresistas de Perú Libre. Lo increíble es que su participación se prolongó por ¡47 minutos! Finalmente, en octubre y diciembre del mismo año, brindó nuevas declaraciones a la prensa, esta vez, al medio de comunicación Diario “El Dato” de Lambayeque.
Ya en marzo de 2025, intensificó sus apariciones digitales: primero en una entrevista virtual con Cuarto Poder y, poco después, con Diario Uno, abordando la evolución de sus denuncias y deslizando nuevamente una narrativa de persecución. Durante este periodo, la Corte Suprema anuló la condena por el Caso Aeródromo Wanka, pero la Fiscalía mantuvo vigente la investigación por lavado de activos (Dinámicos del Centro).
En julio, lideró nuevas transmisiones en vivo por TikTok, respondiendo preguntas con la cámara apagada y, el 29 de septiembre, encabezó una conferencia virtual con militantes de Perú Libre —vía Zoom y redes sociales—. El 6 de octubre de 2025, en un evento transmitido por plataformas digitales, Cerrón promocionó su libro “Perú Libre, del campo a la ciudad” (ver infografía).
INACCIÓN
Al respecto, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, indicó que la captura de Cerrón se ha convertido en una prueba de las severas limitaciones de la infraestructura de inteligencia policial en el país.
“De los ocho ministros del Interior que pasaron desde su clandestinidad, todos prometieron ubicarlo en plazos muy cortos; algunos dijeron hasta en 72 horas”, sostuvo a Correo. El exfuncionario recuerda intentos específicos de seguimiento y captura como el operativo en el condominio Mikonos, en Asia, así como el despliegue de equipos especiales.
Según explicó, la tecnología de georreferenciación de la Policía, quien tiene convenios con empresas privadas, está atrasada y solo permite localizar comunicaciones móviles en un radio de 50 a 100 metros. “Por eso es que no se puede determinar exclusivamente el sitio y ubicar al que está haciendo esas comunicaciones por redes”, precisó. Detalló que el proceso requiere autorización judicial y coordinación con empresas privadas, lo que demora y complica cualquier acción efectiva.
“El mayor problema es ese, no existe la tecnología (en el Perú) que pueda ser utilizada, como sí hemos visto en países de Norteamérica o Europa”, comentó.
