El Poder Judicial recibió un pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para ser incorporada como “parte agraviada” o “actor civil” en la investigación preparatoria que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, y otros por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Mediante un escrito, la defensa legal del Estado peruano detalló tanto la pretensión patrimonial que busca como el perjuicio atribuido a cada investigado por los delitos que se les imputan, además de exponer los fundamentos que respaldan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil en dicho caso.
En relación con este tema, Jorge Ortiz, exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, a través de su defensa legal, presentó un escrito en el que se opone a la solicitud planteada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El juez Richard Concepción Carhuancho programó para el martes 2 de diciembre, a las 9:00 a. m., una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, con el fin de evaluar el pedido de la defensa legal del Estado peruano y emitir una decisión al respecto en los próximos días.
En caso de que el magistrado apruebe la solicitud, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios podrá solicitar y recibir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado, que se imponga a los investigados si son encontrados responsables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.
De acuerdo con la tesis fiscal, ‘Los Waykis en la Sombra’ sería una presunta organización criminal que habría reclutado a personas alineadas con sus intereses para ubicarlas en puestos clave de entidades del Estado, como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional, con el objetivo de recabar fichas de afiliación y aportar económicamente a la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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